Un tribunal federal del estado de New Hampshire suspendió temporalmente la entrada en vigor de una orden ejecutiva firmada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretendía restringir el derecho constitucional de otorgar la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La decisión judicial representa un revés significativo para los sectores más duros del movimiento antiinmigrante y abre un nuevo capítulo en la larga disputa sobre el alcance de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos.

La orden, firmada a mediados de junio por Trump en su calidad de candidato republicano y expresidente, buscaba reinterpretar el principio de jus soli (derecho del suelo), que garantiza la nacionalidad automática a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. Según el documento, esta prerrogativa no debería aplicarse a los hijos de padres que se encuentren en el país de forma irregular, a quienes la orden calificaba como “no sujetos a la jurisdicción completa” de Estados Unidos. De haberse aplicado, la medida habría representado una transformación radical del sistema de ciudadanía vigente desde 1868.

La reacción inmediata fue la presentación de múltiples recursos legales por parte de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y asociaciones de abogados constitucionalistas, que argumentaron que la orden presidencial violaba de forma explícita el texto de la Enmienda 14, así como numerosos precedentes de la Corte Suprema que han reiterado el carácter inalienable del derecho de nacimiento. El tribunal de New Hampshire, en su fallo preliminar, coincidió con estos argumentos y estableció que la orden ejecutiva no podrá entrar en vigor hasta que se resuelva su constitucionalidad en instancias superiores.

En su resolución, el juez a cargo del caso señaló que ningún presidente tiene la autoridad unilateral de redefinir derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Advirtió que una acción de tal magnitud requeriría no solo aprobación legislativa, sino probablemente una reforma constitucional, debido a que el principio de ciudadanía por nacimiento ha sido una piedra angular del sistema jurídico y democrático estadounidense por más de 150 años. El fallo sostiene que permitir la aplicación de la orden generaría un precedente extremadamente peligroso, al abrir la puerta para que otros derechos constitucionales puedan ser modificados mediante decretos ejecutivos.

Esta decisión judicial llega en un momento políticamente sensible. Donald Trump, quien busca un segundo mandato en la Casa Blanca, ha centrado gran parte de su campaña en temas migratorios, culpando a la inmigración irregular de los problemas de seguridad, economía y salud pública en Estados Unidos. La orden sobre el jus soli fue presentada como una de las principales promesas de campaña para su eventual regreso al poder, junto con una agenda que incluye la militarización de la frontera, deportaciones masivas y la eliminación de programas como el DACA.

Desde sectores afines al Partido Republicano, la suspensión de la orden ha sido criticada como un acto de “activismo judicial” y una interferencia del poder judicial en decisiones que —según afirman— deberían estar en manos del Ejecutivo. Sin embargo, numerosos juristas conservadores también han expresado reservas sobre la viabilidad constitucional de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento sin pasar por un proceso legislativo formal. Esta división interna evidencia la complejidad del asunto, incluso dentro del propio partido.

Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden saludó el fallo del tribunal y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos constitucionales de todas las personas nacidas en suelo estadounidense. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que subrayó que “los principios fundamentales de la Constitución no están sujetos a reinterpretación política ni electoral”, y criticó lo que calificó como intentos de erosionar los valores fundacionales del país por razones ideológicas.

En el ámbito internacional, la medida generó preocupación entre gobiernos y organismos de derechos humanos. Diversos analistas recordaron que Estados Unidos es uno de los pocos países desarrollados que mantiene una política abierta de jus soli, y que revocar este derecho tendría consecuencias profundas no solo para la población migrante en el país, sino para la percepción de Estados Unidos como una nación históricamente receptiva con inmigrantes. También se señaló que millones de ciudadanos estadounidenses actuales son descendientes de personas que llegaron al país en condiciones precarias, y que eliminar el derecho al nacimiento podría crear una nueva generación de personas apátridas.

Mientras tanto, el caso continuará su curso en tribunales federales y, eventualmente, podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, donde se definiría de forma definitiva la validez o invalidez de la orden ejecutiva. En el intermedio, organizaciones de defensa de los derechos civiles han intensificado sus campañas de información, alertando a las comunidades migrantes sobre el estado legal del derecho a la ciudadanía, y asegurando que ningún cambio ha sido formalizado hasta el momento.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento ha expuesto una vez más las tensiones entre poderes, las fracturas ideológicas en torno a la inmigración y los límites del poder presidencial en la redefinición de derechos constitucionales. El fallo judicial no solo representa un freno inmediato a la propuesta de Trump, sino que también será recordado como un episodio crucial en la defensa del principio de igualdad ante la ley en Estados Unidos.

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