El caso emblemático que vuelve al centro del debate sobre corrupción e impunidad
La decisión de la jueza federal Ángela Zamorano Herrera de negar la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no es solo un revés jurídico para el exmandatario priista: es también un mensaje político y social en uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos de los últimos años en México.
Aunque la defensa de Duarte sostuvo que el exgobernador ha cumplido alrededor del 95 por ciento de la pena de nueve años que le fue impuesta por asociación delictuosa y lavado de dinero, la autoridad judicial concluyó que no reúne todos los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que deberá permanecer en prisión, con fecha de salida prevista para el 15 de abril de 2026.
La resolución frenó las expectativas del propio Duarte, quien ya se veía fuera del Reclusorio Norte, y reavivó el debate público sobre hasta qué punto los beneficios penitenciarios deben aplicarse a figuras involucradas en grandes escándalos de corrupción.
¿Quién es Javier Duarte y de qué fue condenado?
Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, bajo las siglas del PRI. Su administración quedó marcada por acusaciones de desvío masivo de recursos públicos, el uso de empresas fantasma, endeudamiento del estado y una grave crisis de violencia e inseguridad.
En 2017 fue detenido en Guatemala y extraditado a México, luego de permanecer prófugo varios meses. En 2018 se declaró culpable en un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como parte de esa condena se le impuso una multa económica y el decomiso de diversos bienes.
Desde entonces permanece recluido en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. El avance de su sentencia y la propia lógica de la Ley Nacional de Ejecución Penal abrieron la puerta a que buscara un beneficio de preliberación, lo que derivó en el proceso que ahora se resolvió en su contra.
La apuesta por la libertad anticipada
La defensa de Duarte solicitó la libertad anticipada en diciembre de 2024, argumentando que el exgobernador cumplía con los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal:
- Haber purgado al menos el 70 % de la pena de prisión.
- Mantener buena conducta en el centro penitenciario.
- Participar en actividades de trabajo, educación, deporte y capacitación.
- No tener procesos penales graves vigentes.
Según su abogado, Pablo Campuzano, Duarte habría cumplido incluso más del 90 % —y, en términos de cómputo penitenciario, alrededor del 95 %— de la condena, lo que, a su juicio, hacía procedente la libertad anticipada.
En las audiencias, la defensa presentó a funcionarios del propio Reclusorio Norte como testigos, quienes declararon sobre la participación de Duarte en actividades internas y sobre su comportamiento al interior del penal. El argumento central era que, habiendo cumplido con el tiempo y la “readaptación” exigidos por la ley, no había razón para mantenerlo preso.
El artículo 141 y los requisitos que no cumplió
La clave del caso estuvo en la interpretación y aplicación del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula la figura de la libertad anticipada. Esta disposición establece que el beneficio extingue la pena de prisión y permite al sentenciado salir de la cárcel, siempre que cumpla simultáneamente con una serie de requisitos: porcentaje mínimo de la pena cumplida, buena conducta, reparación del daño cuando proceda y ausencia de procesos penales graves pendientes, entre otros.
Tras revisar los elementos presentados por la defensa y la Fiscalía, la jueza Ángela Zamorano concluyó que Duarte no acreditó dos puntos esenciales:
- Readaptación y actividades obligatorias
La juzgadora consideró que no existían pruebas suficientes de que el exgobernador hubiera cumplido de manera completa y continua con las actividades educativas, culturales, deportivas y de trabajo requeridas por el sistema penitenciario. En otras palabras, no bastaba con acreditar participación ocasional, sino una trayectoria sólida y verificable de inserción en programas de reinserción social. - Proceso por desaparición forzada aún vigente
El segundo obstáculo fue la existencia de un proceso abierto por desaparición forzada en Veracruz. Aunque la defensa ha sostenido que ese expediente fue sobreseído, la jueza subrayó que dicho sobreseimiento no es firme porque la Fiscalía estatal interpuso un recurso de apelación. Al tratarse de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el solo hecho de que el procedimiento siga vivo impide cumplir el requisito de no tener causas penales graves pendientes.
La combinación de ambos factores llevó a la conclusión de que el exgobernador no “colmó” todos los extremos del artículo 141, por lo que el beneficio de libertad anticipada debía negarse.
La postura de la Fiscalía: mala conducta y deuda con la justicia
Desde el inicio del proceso de preliberación, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso abiertamente a que Duarte saliera de prisión antes de tiempo. Para los fiscales, el exmandatario no puede considerarse un sentenciado “ejemplar” ni mucho menos alguien que haya reparado el daño causado al erario veracruzano.
En audiencias previas, representantes de la FGR recordaron que durante el gobierno de Duarte se documentaron desvíos multimillonarios mediante redes de empresas fantasma y un manejo discrecional de recursos federales destinados a salud, educación y seguridad. Además, acusaron al exgobernador de utilizar tácticas dilatorias en otros procesos, como retirarse de audiencias o alegar problemas de salud para evitar comparecer.
A ello se sumó la señalamiento de presuntas irregularidades al interior del penal —como la posesión de objetos no autorizados— para cuestionar la supuesta “buena conducta” alegada por la defensa.
La FGR insistió en que conceder un beneficio de preliberación en un caso tan simbólico de corrupción enviaría un mensaje de impunidad y debilitaría la confianza ciudadana en las instituciones.
La reacción de la defensa y los próximos pasos
Tras conocer la resolución, el abogado Pablo Campuzano anunció que impugnará la decisión de la jueza Zamorano. La defensa sostiene que el proceso por desaparición forzada en Veracruz debió darse por cerrado, entre otras razones, por denuncias de irregularidades y presunta tortura de testigos.
También insisten en que Duarte ha cumplido con las actividades requeridas por el sistema penitenciario y que la interpretación de la jueza respecto al artículo 141 es demasiado restrictiva. La estrategia jurídica se encaminará ahora hacia tribunales superiores, buscando revocar la negativa y abrir una nueva vía para la preliberación.
Mientras tanto, el exgobernador permanecerá en el Reclusorio Norte y, si nada cambia en la ruta legal, cumplirá íntegramente su condena de nueve años, con fecha de término en abril de 2026.
Un símbolo de la corrupción priista y sus efectos en Veracruz
Más allá del expediente técnico, el caso Duarte tiene un peso político evidente. Su administración se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel estatal: miles de millones de pesos desviados, empresas fantasma, obras inconclusas, crisis en servicios básicos y un clima de violencia en el que proliferaron desapariciones, agresiones a periodistas y violaciones graves a derechos humanos.
Para amplios sectores de la opinión pública, Duarte encarna el rostro de la corrupción estructural del viejo régimen priista. Su captura, extradición y sentencia fueron presentadas en su momento como una prueba de que, al menos en un caso emblemático, la justicia sí alcanzaba a los altos funcionarios.
La eventual libertad anticipada habría sido vista por muchos como una señal de que, al final, el sistema siempre ofrece válvulas de escape a personajes con poder político y recursos para litigar. En ese contexto, la decisión de mantenerlo en prisión refuerza la narrativa de que, al menos formalmente, se están aplicando los estándares legales de manera más estricta.
Debate sobre beneficios penitenciarios y justicia para las víctimas
El caso también reabre la discusión sobre los beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos relacionados con corrupción y desvío de recursos públicos.
Por un lado, están quienes sostienen que la ley debe aplicarse sin distinciones: si una persona cumple los requisitos para la libertad anticipada, debe obtenerla, independientemente de su cargo o de la presión mediática. Bajo esta lógica, la prisión no puede convertirse en un castigo ejemplar “ad hoc”, sino en una sanción que se administra conforme a normas generales.
Por otro lado, hay voces que subrayan que los desfalcos cometidos durante el gobierno de Duarte tuvieron efectos devastadores en la vida de millones de veracruzanos: hospitales sin insumos, escuelas abandonadas, pobreza exacerbada y un contexto de violencia en el que muchas familias siguen buscando justicia. En ese sentido, cuestionan que figuras involucradas en daños de tal magnitud puedan beneficiarse de figuras como la libertad anticipada sin haber reparado el daño ni enfrentado todas las causas pendientes.
La negativa de la jueza, cimentada en requisitos legales concretos, se inserta en esa tensión entre el enfoque garantista de los derechos de las personas privadas de la libertad y la demanda social de justicia frente a la gran corrupción.
¿Qué sigue para el sistema de justicia?
El desenlace del caso Duarte será observado no solo por su impacto en la vida jurídica del exgobernador, sino también como un termómetro de la manera en que los tribunales mexicanos manejan los beneficios de preliberación para figuras políticas.
Si instancias superiores confirman la resolución, se consolidará el criterio de que la existencia de procesos pendientes y el incumplimiento estricto de actividades de reinserción cierran la puerta a la libertad anticipada, incluso cuando prácticamente toda la condena ya ha sido cumplida.
Si, en cambio, un tribunal revoca la decisión, se abrirá un debate aún más intenso sobre el uso de la figura de libertad anticipada en casos de alto impacto político y social, y sobre el grado de confianza que la ciudadanía puede depositar en que estos beneficios no se conviertan en atajos para eludir la responsabilidad.
Por ahora, lo cierto es que Javier Duarte seguirá en prisión y que su nombre continúa siendo un recordatorio de la profundidad de la corrupción que marcó a Veracruz y al sistema político mexicano en la última década.
Referencias
- La jueza niega la libertad anticipada al polémico exgobernador de Veracruz Javier Duarte, El País. El País
- Javier Duarte permanecerá en prisión; resolución judicial frena su preliberación, MVS Noticias. MVS Noticias
- Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, El Norte/Reforma. El Norte
- Javier Duarte se queda en prisión; caso de desaparición forzada impide su libertad anticipada, Animal Político. Animal Político
- ¿Qué es la “libertad anticipada”, el recurso que podría sacar a Javier Duarte de la cárcel?, Infobae. Infobae
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