Un giro histórico en la remuneración judicial

La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, propuso que los salarios de los nuevos jueces, magistrados y ministros electos no puedan superar el sueldo de la presidenta de la República. La iniciativa busca cumplir estrictamente el artículo 127 de la Constitución y reimplantar una austeridad que no solo se limite al discurso, sino que se refleje en los números.

Según el Proyecto de Egresos de la Federación para 2025, el salario neto de la presidenta Claudia Sheinbaum rondará los 130,000 pesos mensuales. En consecuencia, quienes accedan a los cargos judiciales en la nueva estructura deberán ajustarse a dicho tope.

¿Por qué ahora?

La propuesta surge poco después de las primeras elecciones para cargos judiciales —que se llevaron a cabo a principios de junio y que incluso incluyeron a Batres como candidata a ministra—. Este proceso democrático que transformó el Poder Judicial, estructurado por plegarias entre poderes, abrió la puerta a cuestionamientos sobre desigualdad salarial y excesos presupuestales.

La propia Batres ha denunciado que al menos 2,300 servidores públicos del Poder Judicial federal ganan más que el presidente, lo cual, según ella, representa un incumplimiento flagrante de la Constitución y una carga pública innecesaria.

Contraste entre declaraciones y realidades

Aunque la reducción de salarios ha sido presentada como un triunfo de la reforma, críticos denuncian que solo se ha recortado la base salarial, mientras que prestaciones complementarias—como seguros médicos, jubilaciones especiales y bonos—permanecen intactas. Esto evidencia una práctica común: los recortes visibles, sí; los beneficios, no.

Batres fue enfática: “Hay trampas en el recorte salarial. Nos venden la idea de austeridad, pero los privilegios continúan intactos”, declaró durante una reciente visita a comunidades afectadas por la reforma.

En el ojo del huracán político

La propuesta ha reavivado las tensiones entre el Ejecutivo (con apoyo de Morena), el Legislativo y el Judicial. Trabajadores judiciales se han movilizado en varias entidades, cerrando tribunales y advirtiendo que la reforma puede minar su estabilidad laboral y autonomía constitucional.

Al mismo tiempo, sectores sociales y expertos apoyan la propuesta salarial de Batres, al encontrar en ella un paso concreto hacia la transparencia y coherencia institucional que históricamente ha faltado.

Alcance y desafíos inmediatos

Si bien el límite salarial al nivel presidencial es un avance, expertos advierten que hay mucho camino por recorrer. Se requiere legislar para cerrar vacíos legales, establecer mecanismos de fiscalización y definir claramente qué prestaciones no cuentan como salario.

Además, deberá ampliarse la discusión a nivel estatal, donde también se elegirán jueces y magistrados y donde existen grandes brechas entre condiciones locales y federales.

¿Un modelo para el futuro?

En efecto, México se convierte en el primer país que establece un tope de salario judicial claramente vinculante con el nivel presidencial en una lógica de austeridad republicana. Sin embargo, su efectividad dependerá de su implementación real, de la voluntad política y del control ciudadano.

Si hay algo que Lenia Batres ha logrado es sembrar una expectativa: que los altos cargos dejarán de ser sinónimo de privilegio, y serán realmente servidores públicos sujetos a los mismos límites que el resto de la administración pública.

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