Madres critican nueva ley de desaparecidos

Colectivos de madres critican la reforma de Sheinbaum por excluir sus propuestas y advierten que invisibiliza a los desaparecidos.

Preocupaciones de colectivos de búsqueda ante reformas legislativas

La iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviada al Senado a inicios de abril, ha encendido las alarmas entre colectivos de madres buscadoras, quienes han expresado de manera contundente su rechazo. Según denuncian, la nueva ley no solo ignora las necesidades reales de las víctimas, sino que podría significar un retroceso en los esfuerzos ciudadanos por encontrar a las más de 100 mil personas desaparecidas en México.

Durante una mesa de trabajo realizada en el Senado, integrantes de diversos colectivos, incluyendo Madres Buscadoras de Sonora, Voz y Dignidad por los Nuestros y el colectivo Solecito de Veracruz, señalaron que no fueron consultadas durante la redacción del proyecto. Además, calificaron como ofensivo que una ley que afecta directamente a sus vidas se haya redactado sin su participación activa.

Cecilia Flores: “Esa ley va a desaparecer a los desaparecidos”

Una de las voces más firmes fue la de Cecilia Flores, quien criticó duramente el contenido de la propuesta. “Quieren hacer una ley que va a desaparecer por completo a los desaparecidos”, dijo, refiriéndose a la intención de centralizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y limitar el acceso a la información por parte de los colectivos. Según Flores, la nueva normativa eliminaría figuras clave como las comisiones estatales de búsqueda, dificultando las labores de rastreo en campo que hoy realizan principalmente las familias.

Además, se denunció que el nuevo marco legal podría criminalizar a los colectivos, limitando su autonomía y obligándolos a trabajar únicamente bajo el control de las autoridades. “Nos quieren calladas, domesticadas y alineadas, cuando nuestra lucha ha sido siempre desde la dignidad y el dolor”, expresó otra de las voceras durante la reunión en el Senado.

Pausa legislativa y reacción del gobierno

Ante el rechazo generalizado, el gobierno federal anunció una pausa en el proceso legislativo para abrir un periodo de diálogo. La presidenta Sheinbaum aseguró que escuchará a los colectivos antes de avanzar con las reformas. Sin embargo, las organizaciones consideran que esta pausa no basta: exigen que se deseche el proyecto tal como está y se comience desde cero, con una mesa participativa y abierta.

Además, diversos organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han advertido que cualquier modificación a la legislación en materia de desaparición debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el respeto al principio de participación de las víctimas.

Un debate que va más allá de lo legal

Para las familias buscadoras, la lucha no solo es contra el crimen organizado o contra la impunidad, sino también contra un Estado que, sienten, las ha abandonado. El debate en torno a la ley refleja una tensión de fondo entre la institucionalización de los procesos de búsqueda y el protagonismo que por años han asumido las víctimas en la localización de sus desaparecidos.

La principal exigencia de los colectivos es clara: no legislar sobre sus vidas sin escucharlas. “Nosotras buscamos con las manos, con las lágrimas, con la rabia y con amor. Esa ley no puede quitarnos eso”, dijo una madre durante el foro. Las familias temen que, bajo el nuevo esquema, perderán el control y la cercanía con los casos individuales, y que la burocratización de los procesos dificultará aún más una tarea ya profundamente dolorosa.

Conclusión

La propuesta de reforma a la ley de desapariciones ha desatado una reacción que va más allá de los textos legales: ha puesto sobre la mesa la necesidad de un Estado que escuche, acompañe y no obstaculice a quienes, por años, han hecho su labor. Las madres buscadoras han exigido no ser vistas como objetos de asistencia, sino como sujetos políticos con voz y experiencia. Si el gobierno federal realmente desea combatir la desaparición forzada, su primer paso debe ser atender esta voz, con humildad y voluntad de cambio.

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