El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, respondió públicamente esta semana a las crecientes acusaciones que lo responsabilizan por haber promovido y facilitado el proceso de gentrificación que ha transformado de manera profunda varias zonas de la capital, especialmente colonias como Roma, Condesa, Juárez y Centro Histórico. Mancera, actualmente senador, aseguró que durante su gestión no se impulsaron políticas con la intención de desplazar a los residentes originales ni de encarecer artificialmente la vivienda en la ciudad.

Durante una entrevista en medios nacionales, el exmandatario capitalino afirmó que su gobierno únicamente reguló la actividad de plataformas como Airbnb y no promovió su expansión desmedida. Señaló que el fenómeno de la gentrificación es complejo y multifactorial, con raíces tanto económicas como tecnológicas, y lo comparó con la llegada de servicios como Uber, argumentando que ambas plataformas han transformado el tejido urbano sin que su regulación implique necesariamente una promoción deliberada. “Nosotros actuamos para normar un fenómeno global, no para incentivarlo”, declaró.

La polémica se intensificó en días recientes tras manifestaciones vecinales en zonas como la colonia Juárez y Santa María la Ribera, donde habitantes denunciaron que la liberalización de los permisos para plataformas de hospedaje digital durante la administración de Mancera generó una especulación inmobiliaria que expulsó a inquilinos tradicionales y pequeños negocios. Los manifestantes acusan que se permitió la reconversión masiva de edificios habitacionales en inmuebles turísticos, alterando el carácter comunitario de sus colonias y afectando el acceso a vivienda digna.

Ante estas críticas, Mancera argumentó que su gobierno nunca promovió incentivos fiscales ni modificó el uso de suelo de forma discrecional para beneficiar a corporativos inmobiliarios. Defendió los lineamientos establecidos en su momento para regular la actividad de hospedaje digital, asegurando que se trató de una política de “normalización” y no de fomento. Añadió que los aumentos en las rentas y el desplazamiento de residentes responden a tendencias macroeconómicas, como la dolarización de ciertas zonas de la ciudad, el turismo internacional y el arribo de trabajadores digitales extranjeros que eligen la Ciudad de México como lugar de residencia temporal.

No obstante, diversos especialistas en urbanismo, así como organizaciones sociales, han cuestionado estas afirmaciones. Señalan que durante el mandato de Mancera se flexibilizaron normativas clave que facilitaron el crecimiento del sector inmobiliario sin medidas paralelas para garantizar vivienda accesible. Entre las principales críticas está la permisividad con la que se otorgaron permisos de construcción en zonas patrimoniales, la falta de políticas de control de rentas y la ausencia de mecanismos que protegieran a poblaciones vulnerables del desplazamiento sistemático.

También se ha señalado que durante su administración se multiplicaron los desarrollos de vivienda vertical de alto costo, sin planificación urbana integral, ni inversión proporcional en servicios públicos. Esta expansión, señalan expertos, no solo impactó la movilidad y el acceso al agua y la electricidad en zonas densamente pobladas, sino que también transformó el paisaje urbano en función de un modelo excluyente y orientado al consumo.

El debate sobre la gentrificación en la Ciudad de México no es nuevo, pero ha cobrado fuerza ante el auge del llamado “nómada digital”, fenómeno acentuado por la pandemia y el trabajo remoto. La llegada masiva de extranjeros con altos ingresos en dólares ha hecho que colonias tradicionales vean sus precios triplicarse en menos de cinco años, haciendo cada vez más inaccesible el alquiler para los residentes locales. Vecinos, académicos y urbanistas han alertado sobre la falta de una política pública sólida que frene la especulación y que regule de manera efectiva el uso turístico de la vivienda.

En este contexto, las declaraciones de Mancera no han sido bien recibidas por amplios sectores sociales. Diversas agrupaciones vecinales han anunciado nuevas protestas para exigir rendición de cuentas por lo que consideran una “política de expulsión silenciosa” implementada durante su sexenio. También han solicitado al Congreso de la Ciudad de México que se investigue el otorgamiento de permisos y la relación entre autoridades locales y grandes desarrolladores inmobiliarios.

El tema, además, se ha politizado de cara a las recientes elecciones locales. Candidatos de diferentes partidos han incluido en sus plataformas propuestas para regular Airbnb, limitar el crecimiento inmobiliario en zonas saturadas y establecer políticas de vivienda social. La gentrificación se ha convertido así en un tema central del debate público, reflejo de una ciudad que se transforma rápidamente y donde las tensiones entre el desarrollo económico, el derecho a la vivienda y la justicia social se vuelven cada vez más difíciles de reconciliar.

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