Un panorama alarmante

En los primeros siete meses de 2025, México se ha consolidado nuevamente como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. De acuerdo con reportes recientes de organizaciones internacionales, ocho periodistas han sido asesinados en lo que va del año, tres de ellos tan solo durante el mes de julio. Estas cifras confirman una tendencia que lleva más de una década y que ha colocado al país bajo la lupa de organismos defensores de derechos humanos.

La violencia contra la prensa no es un fenómeno nuevo en México, pero la persistencia de los ataques, la falta de resultados contundentes en investigaciones y la impunidad sistemática han profundizado el riesgo para quienes cubren temas sensibles como corrupción, crimen organizado o conflictos políticos locales.

Riesgos crecientes en coberturas locales

El reporte de Reporteros Sin Fronteras destaca que la mayor parte de los asesinatos registrados este año han ocurrido en municipios pequeños y zonas rurales. En estos lugares, los periodistas suelen carecer de esquemas de protección, enfrentan presiones de autoridades locales y están más expuestos a amenazas directas de grupos criminales.

Coberturas sobre tráfico de drogas, disputas territoriales entre cárteles, desvíos de recursos públicos o vínculos entre políticos y organizaciones delictivas suelen ser las más peligrosas. En muchos casos, los comunicadores trabajan en condiciones precarias, con salarios bajos y sin apoyo institucional para garantizar su seguridad, lo que los hace especialmente vulnerables.

La impunidad como factor central

Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de justicia en los crímenes contra periodistas. Según diversos informes, más del 90% de estos casos quedan sin resolver. Las investigaciones se prolongan durante años, los responsables intelectuales rara vez son identificados y, cuando se detiene a presuntos autores materiales, las sentencias no siempre se cumplen.

Este clima de impunidad envía un mensaje peligroso: atacar a la prensa no tiene consecuencias reales. Por ello, organizaciones nacionales e internacionales insisten en que México debe fortalecer sus fiscalías especializadas, dotarlas de recursos suficientes y garantizar que las autoridades locales no interfieran en los procesos judiciales.

Respuesta del gobierno federal

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con la protección de periodistas. En conferencias recientes, funcionarios federales reconocieron que el país enfrenta una situación crítica y anunciaron ajustes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de aumentar los recursos y agilizar la atención a quienes soliciten ayuda.

Sin embargo, colectivos de comunicadores advierten que estos esfuerzos, aunque importantes, no son suficientes mientras no se rompa el ciclo de impunidad. Han exigido también una mayor coordinación con gobiernos estatales, pues muchos ataques ocurren en zonas donde las autoridades locales están implicadas o no tienen capacidad de respuesta.

Impacto en la labor periodística

El riesgo constante ha llevado a que muchos periodistas opten por la autocensura. Algunos medios locales evitan cubrir temas de crimen organizado o corrupción política para proteger a sus reporteros, lo que reduce la información disponible para la ciudadanía y limita el debate público sobre asuntos críticos.

La situación también provoca migración interna de periodistas, quienes buscan trasladarse a ciudades más seguras o incluso abandonar el país para proteger su integridad. Esta pérdida de voces locales debilita el tejido informativo de comunidades enteras, que quedan sin quien documente y difunda sus problemáticas.

Implicaciones regionales y llamados internacionales

El hecho de que México encabece la lista de países más letales para la prensa en América Latina tiene repercusiones más allá de sus fronteras. Organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas embajadas han expresado su preocupación y solicitado medidas urgentes para revertir la tendencia.

Analistas señalan que, si México logra reducir los ataques contra periodistas, enviará una señal positiva al resto de la región y reforzará su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos. Por el contrario, de persistir la violencia, se corre el riesgo de normalizar la agresión a quienes ejercen el periodismo.

Un desafío que no admite demora

El balance actual es alarmante: periodistas asesinados, familias sin justicia, comunidades sin información y un sistema judicial que no responde a la gravedad del problema. Resolver esta situación requiere no solo voluntad política, sino acciones concretas que garanticen la seguridad de quienes, día a día, informan a la sociedad.

En un país donde la democracia se construye con información libre y veraz, proteger a la prensa no es un favor: es una obligación del Estado y un compromiso con el derecho de la ciudadanía a saber lo que ocurre en su entorno.

Conoce los eventos que están moldeando el panorama global. Acompaña a Ale Díaz de la Vega en vivo a las 10 am en El Daily Diario y amplía tu visión del mundo.