El partido gobernante Morena implementará a partir de 2027 una reforma interna para impedir que familiares de funcionarios públicos puedan postularse a cargos de elección popular bajo sus siglas. Esta decisión surge tras el aplazamiento de una reforma constitucional promovida por el Ejecutivo, que buscaba prohibir el nepotismo desde ese mismo año, pero que fue modificada en el Congreso para entrar en vigor hasta 2030.

La medida adoptada por Morena tiene como objetivo reafirmar su compromiso con los principios de la llamada Cuarta Transformación, en particular con la ética pública y el combate a las prácticas políticas tradicionales que favorecen las redes familiares de poder. La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, anunció que esta reforma formará parte de un paquete de lineamientos obligatorios para todas las candidaturas morenistas en el proceso electoral intermedio de 2027.

El Consejo Nacional del partido aprobó en mayo un conjunto de normas que incluyen, además de la prohibición del nepotismo, criterios de austeridad y disciplina partidaria. Entre ellos se establece la prohibición de utilizar recursos públicos para fines personales, realizar campañas anticipadas, contratar transporte privado de lujo o participar en actos ostentosos que contradigan los principios de la organización. Se contempla también un decálogo ético para las y los aspirantes a cargos de elección, con sanciones internas para quienes incumplan estas disposiciones.

Esta decisión se da en un contexto de tensiones internas. La iniciativa original para prohibir el nepotismo desde 2027 fue enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho del combate a la corrupción una de las banderas de su gobierno. Sin embargo, la propuesta fue modificada por el Senado, donde legisladores de Morena y partidos aliados como el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo introdujeron cambios para aplazar la entrada en vigor hasta el año 2030.

El desacuerdo generó fricciones dentro del partido. La presidenta envió una carta pública en la que expresó su descontento con la modificación, señalando que la medida debilitaba el compromiso con la regeneración de la vida pública. El documento fue interpretado como un llamado de atención directo a los legisladores que promovieron el cambio, algunos de los cuales están vinculados a familias políticas con aspiraciones futuras.

Ante la imposibilidad de revertir la decisión legislativa, Morena optó por anticiparse y establecer la prohibición dentro de sus propios estatutos. La diputada Gabriela Jiménez, vicecoordinadora del partido en la Cámara de Diputados, lideró las negociaciones internas que permitieron consensuar la nueva norma. Según explicó, esta decisión permitirá que el partido se mantenga alineado con el mandato popular de transformar las prácticas del poder político, más allá de los tiempos del Congreso.

A pesar del respaldo mayoritario, algunos sectores del partido han manifestado reservas. Legisladores como Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal han cuestionado si la prohibición no vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos a ser votados. Estos señalamientos reflejan la complejidad de implementar reglas éticas estrictas en un partido con múltiples corrientes y alianzas regionales.

En lo operativo, la medida tendrá efectos en todos los procesos de selección de candidaturas a partir de 2027. Las comisiones estatales de elecciones internas tendrán la responsabilidad de verificar que los aspirantes no estén ligados por lazos familiares directos a funcionarios en activo o con cargos de elección popular. La Secretaría de Organización y la Comisión de Honestidad y Justicia del partido deberán emitir dictámenes previos a la validación de cualquier registro.

Desde una perspectiva electoral, la aplicación de esta reforma podría tener un impacto significativo en la imagen pública de Morena. Si se logra aplicar de forma efectiva, podría consolidar la percepción de que el partido está dispuesto a corregir sus contradicciones internas y a actuar con coherencia respecto a sus principios. Sin embargo, si se incumple o se hacen excepciones bajo criterios políticos, el efecto podría ser contraproducente.

La dirigencia nacional ha advertido que no se permitirán candidaturas “por apellido”, y que la militancia deberá prepararse para aceptar un proceso de depuración que privilegie la experiencia, la trayectoria social y el compromiso ético por encima de las relaciones familiares o los acuerdos de cúpula.

El reto será sostener esa postura frente a las presiones locales y a la necesidad de mantener la unidad con partidos aliados que no comparten necesariamente el mismo compromiso ético. La alianza Morena-PT-Verde ha sido funcional electoralmente, pero también ha significado la convivencia con actores políticos de trayectoria cuestionable o vinculados a prácticas clientelares.

Al margen de los riesgos, la decisión de aplicar la reforma contra el nepotismo desde 2027 envía un mensaje político claro: Morena busca marcar una diferencia en la forma de hacer política en México, aun cuando eso implique tensiones internas. Queda por verse si esa decisión se mantiene firme ante la cercanía de los procesos electorales y los desafíos de gobernabilidad dentro de la coalición.

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