Propuesta, aprobación y ámbito de la reforma

La bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) impulsó la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que formaliza un conjunto de atribuciones ampliadas para la Armada de México en materia de aduanas, aeropuertos, espacios marítimos, ciberseguridad y cumplimiento de la ley en zonas estratégicas del comercio internacional.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en la Cámara de Diputados con 344 votos a favor y 127 en contra; posteriormente el Senado refrendó el dictamen con 68 votos a favor y 32 en contra. Entre las modificaciones, la ley deroga la legislación de 2021 y establece nuevas facultades para la Armada incluyendo el derecho de visita, abordaje, inspección de buques en la zona económica exclusiva y el uso de inteligencia artificial y acciones de ciberdefensa.
El Gobierno oficialista argumenta que la reforma responde a la necesidad de “darle al Estado” las herramientas para combatir redes criminales transversales que operan en las aduanas y los puertos, en momentos en que emergen casos de contrabando de combustible y huachicol fiscal que involucran zonas portuarias y operativos en alta mar.

Elementos que profundizan la militarización funcional

La reforma incorpora cambios estructurales que tienen implicaciones importantes para el equilibrio entre funciones civiles y militares en México. Entre los principales destacan:

• Facultar a la Armada para intervenir formalmente en aeropuertos y aduanas, mediante unidades navales de protección aeroportuaria y aduanera.
• Otorgar derechos de visita, persecución, abordaje e inspección a la Armada en la zona económica exclusiva y alta mar, lo que amplía su presencia operativa más allá de las aguas territoriales tradicionales.
• Habilitar la participación de la Armada en tareas de ciberdefensa y ciberseguridad, además del uso de inteligencia artificial en sus operaciones.
• Establecer que la Armada podrá realizar operaciones en coordinación con otras fuerzas como la Guardia Nacional, mientras se suprimen ciertas sanciones contra marinos que antes se preveían en la ley de 2021 para delitos como narcotráfico o traición.
  Estos cambios han sido objeto de críticas duras por parte de la oposición, que considera que el texto “entrega llaves económicas y estratégicas del país” a una institución militar sin suficientes contrapesos civiles.

Contexto: huachicol fiscal, puertos y preocupaciones por control civil

La aprobación de esta ley se da en un momento marcado por escándalos relacionados con el contrabando de combustible (“huachicol fiscal”) y el tráfico en puertos mexicanos, donde se han señalado redes de complicidad que involucran funciones aduaneras y marítimas. La oposición señala que, en ese contexto, fortalecer el mando militar sobre puertos y aduanas agrava el riesgo de corrupción institucional y debilita los controles democráticos y de rendición de cuentas.
El oficialismo, por su parte, insiste en que las nuevas facultades permitirán recuperar ingresos, controlar fugas fiscales, intervenir de manera más directa contra el crimen organizado y ejercer soberanía económica desde las fronteras marítimas y aéreas del país.

Impactos inmediatos y retos hacia adelante

Las consecuencias de esta reforma podrían ser múltiples:

• A corto plazo, se espera que la Armada comience a operar con las nuevas facultades incluso antes de que se complete la instalación de todos los mecanismos de supervisión, lo que plantea riesgos de actuación sin marco de transparencia robusto.
• Para la supervisión civil y los órganos de control, surge el reto de establecer mecanismos de rendición de cuentas, auditoría y protección de derechos humanos dentro de una institución que ahora tendrá un mando más autónomo.
• En el ámbito económico, el control ampliado sobre puertos, aduanas y aeropuertos implica un viraje hacia una lógica de seguridad nacional del comercio exterior, lo cual puede generar resistencias empresariales, legales y diplomáticas.
• En el ámbito político, el gobierno incurre en el riesgo de que la percepción pública se incline hacia una militarización del Estado, lo que puede afectar la imagen institucional del Ejecutivo y de las fuerzas armadas.
  El éxito de esta reforma dependerá en buena medida de cómo se implementen las facultades otorgadas, en qué medida se respeten los derechos fundamentales, y qué tan efectivas sean los controles para evitar desvíos de poder y corrupción.

Conclusión

Con la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, el oficialismo ha ampliado considerablemente las competencias de la Armada, ubicándola en el centro del control de espacios estratégicos como aeropuertos, aduanas, mar territorial y ciberespacio. Aunque presentada como una herramienta para reforzar la seguridad y la soberanía nacional, la reforma abre un debate profundo sobre el equilibrio entre funciones militares y civiles, la supervisión democrática de las fuerzas armadas y la protección de los contrapesos institucionales que garantizan el Estado de derecho. Los próximos meses serán clave para ver cómo se traduce en la práctica esta nueva configuración y si los mecanismos de transparencia consiguen compensar el riesgo de concentración del poder.

Referencias

El País: “El Congreso mexicano consuma la ley de Sheinbaum que le da más poder a la Marina”
La Jornada: “Aprueba la Cámara dictamen de nueva Ley Orgánica de la Marina”
Reforma: “Avalan Ley de la Armada entre críticas por huachicol fiscal”
Diario Cambio22: “Senado otorga mayor poder a la SEMAR, al aprobar nueva Ley de la Armada”

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