Fernández Noroña acusa campaña de odio de la derecha
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha generado una intensa polémica política. Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya emitieron declaraciones que reflejan posturas opuestas sobre las causas y responsabilidades de este crimen.
El senador Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, condenó el asesinato y señaló que existe una campaña de agresión promovida por la derecha. En sus declaraciones, enfatizó que esta campaña ha incrementado las agresiones hacia compañeros y compañeras del movimiento, lo cual considera irresponsable. Añadió que no se puede descartar la posibilidad de que ese discurso de odio haya influido en el atentado.
Fernández Noroña expresó su esperanza de que los hechos se esclarezcan con prontitud y que se detenga toda acción violenta hacia cualquier persona, especialmente en un contexto político tenso, a pocos días de las elecciones.
Ricardo Anaya sugiere posible crimen de Estado
En contraste, el senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, calificó el asesinato como un posible “crimen de Estado”. Anaya exigió transparencia total en la investigación y señaló que hay indicios que apuntan a la participación de actores estatales en el crimen. Argumentó que el hecho de que las víctimas fueran funcionarios públicos cercanos a una figura de alto perfil como Clara Brugada, obliga a las autoridades a considerar todas las hipótesis, incluso las más delicadas.
Anaya llamó a organismos internacionales a observar el proceso y evitar que el caso quede en la impunidad, advirtiendo que este tipo de crímenes no pueden ser utilizados con fines políticos sin una investigación sólida y objetiva.
Reacciones políticas y sociales
Las declaraciones de ambos senadores han provocado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores respaldan la postura de Fernández Noroña, considerando que el clima de polarización política sí influye en la violencia, otros consideran que sus acusaciones carecen de evidencia concreta.
La propuesta de Anaya, por su parte, ha sido vista por algunos como un intento de deslegitimar al gobierno capitalino, aunque también ha encontrado eco en sectores opositores que exigen garantías institucionales y justicia transparente.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó profundamente el asesinato de sus colaboradores y aseguró que se realizarán todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. El gobierno capitalino ya colabora con instancias federales en la investigación del crimen.
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