El fenómeno de la gentrificación ha tomado un papel central en el debate urbano de la Ciudad de México, particularmente en zonas como el Centro Histórico, la Roma, la Condesa y colonias populares que han experimentado un aumento abrupto en los precios de la vivienda y un cambio radical en la composición demográfica. Ante esta situación, los políticos de izquierda Gerardo Fernández Noroña y Clara Brugada coincidieron en la urgencia de contener el desplazamiento de habitantes tradicionales sin recurrir a discursos de odio o actitudes xenófobas.

Durante un evento público celebrado este lunes, Noroña señaló que la gentrificación no es solo un fenómeno inmobiliario, sino también cultural, económico y político. Advirtió que en el Centro Histórico se está gestando un proceso de expulsión paulatina de comerciantes y vecinos de bajos ingresos, lo cual consideró como un atentado contra el tejido social de la capital. En particular, alertó sobre la creciente presencia de inversionistas extranjeros y empresas vinculadas a intereses comerciales foráneos.

El legislador federal mencionó de forma explícita a la comunidad china como una de las que más ha ampliado su presencia comercial en la zona, afirmando que “el patrimonio de la nación se está traspasando sin control”. Sin embargo, subrayó que su preocupación no responde a motivos de origen étnico o nacional, sino a una lógica de defensa de la soberanía económica y el derecho al hábitat. “No es un problema de nacionalidades, es un problema de despojo disfrazado de modernización”, declaró.

Por su parte, Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y figura clave del nuevo gobierno capitalino, reafirmó su compromiso con una política pública que frene la especulación inmobiliaria sin alimentar la discriminación. Afirmó que la Ciudad de México debe ser un espacio para todas las personas, con independencia de su origen, pero que también tiene la obligación de proteger a quienes históricamente han habitado en sus barrios. “Queremos una ciudad con derechos para todos, pero eso implica regular el mercado y defender a quienes están siendo desplazados”, expresó.

Brugada anunció que en las próximas semanas el Gobierno de la Ciudad presentará una iniciativa para delimitar zonas de alto riesgo de gentrificación, establecer límites a los incrementos en rentas habitacionales y garantizar apoyos para comerciantes tradicionales. Además, se contempla la creación de un registro de plataformas de renta temporal tipo Airbnb, con el objetivo de frenar su expansión en zonas populares y evitar que contribuyan a la expulsión de vecinos.

Ambos políticos rechazaron tajantemente cualquier discurso de odio que utilice el tema de la gentrificación como pretexto para incurrir en actos de racismo o xenofobia. Aclararon que no se trata de oponerse a comunidades extranjeras, sino de exigir reglas claras para la convivencia económica y la defensa de la ciudad como un bien común. En este sentido, llamaron a la ciudadanía a organizarse y exigir políticas urbanas justas, pero sin caer en estigmas ni prejuicios.

El debate sobre gentrificación ha cobrado fuerza en la Ciudad de México en los últimos años, en gran medida por el impacto de plataformas digitales, el incremento de inversiones extranjeras en bienes raíces y la desregulación del mercado de vivienda en zonas céntricas. Organizaciones vecinales y colectivos urbanos han denunciado que la falta de límites claros ha facilitado el desalojo de familias históricas, la desaparición de pequeños comercios y el deterioro del patrimonio cultural.

El nuevo gobierno capitalino enfrenta así uno de los retos urbanos más complejos de la última década: cómo equilibrar el desarrollo con el derecho a permanecer. Si bien los posicionamientos de figuras como Brugada y Noroña ofrecen una narrativa de defensa del pueblo, la implementación de políticas efectivas será determinante para evitar que la gentrificación se convierta en una nueva forma de exclusión disfrazada de progreso.

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