Introducción
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha cuestionado al Estado mexicano por la falta de resultados en 355 casos de desapariciones sin resolver, además de señalar la creciente militarización de la seguridad pública y la ausencia de avances significativos en los mecanismos de búsqueda. Esta situación ha encendido las alarmas de la comunidad internacional y ha colocado a México bajo un escrutinio sin precedentes en materia de derechos humanos.
El marco legal y la activación del Artículo 34
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece obligaciones claras para los Estados parte, entre ellas prevenir, investigar y sancionar estos delitos. En este contexto, el Comité ha decidido activar por primera vez el Artículo 34, que permite llevar la situación de un país a la Asamblea General de la ONU cuando existan indicios creíbles de que las desapariciones se cometen de manera sistemática o generalizada.
La activación de este artículo representa un hecho de gran trascendencia, pues implica reconocer que el problema de las desapariciones en México no puede tratarse únicamente como casos aislados, sino como un fenómeno estructural que requiere una respuesta internacional coordinada.
Datos que reflejan la crisis
La situación de las desapariciones en México alcanza dimensiones alarmantes. Hasta septiembre de 2025 se registran más de 133,000 personas desaparecidas o no localizadas, lo que coloca al país como uno de los principales focos de atención mundial en esta materia.
De manera paralela, existen más de 72,000 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses, y se han encontrado miles de fosas clandestinas en diferentes estados de la República. Estos números no solo reflejan la magnitud de la crisis, sino también la incapacidad institucional para procesar e identificar los restos humanos hallados.
La impunidad agrava el panorama: en los últimos ocho años, apenas se han dictado unas 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares, lo que representa un porcentaje mínimo frente a la magnitud de los casos denunciados.
Reacción del Estado mexicano
El gobierno federal ha rechazado categóricamente que en el país existan desapariciones forzadas de carácter sistemático. De acuerdo con su postura oficial, la mayoría de los casos están vinculados con el crimen organizado y no pueden atribuirse a una política de Estado.
Al mismo tiempo, las autoridades aseguran que la administración actual ha dado prioridad al fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, aunque organismos internacionales y colectivos de víctimas señalan que estos esfuerzos son insuficientes y carecen de resultados concretos.
La tensión entre la postura gubernamental y las exigencias de la ONU genera un debate sobre la responsabilidad del Estado, no solo por las desapariciones cometidas directamente por agentes públicos, sino también por la omisión en la prevención y la falta de investigación de los casos ligados a grupos criminales.
Implicaciones internacionales
La decisión del Comité de la ONU de activar el Artículo 34 coloca a México en una situación delicada frente a la comunidad internacional. Si la Asamblea General adopta el caso, el país quedará bajo un seguimiento más estricto en materia de derechos humanos, lo que podría derivar en recomendaciones más severas y en una presión diplomática sostenida.
Además, este escrutinio podría abrir la puerta a la colaboración de organismos internacionales en tareas forenses y de búsqueda, pero también a críticas más fuertes si no se observan avances reales en el corto plazo. El prestigio internacional de México en materia de derechos humanos se encuentra, por tanto, en juego.
Impacto social y político
Más allá de los foros internacionales, el problema tiene un profundo impacto en el tejido social. Las familias de los desaparecidos enfrentan un calvario cotidiano, marcado por la incertidumbre, la falta de información y la ausencia de justicia.
Políticamente, el caso ha dado pie a fuertes críticas contra el modelo de militarización de la seguridad, al que se atribuye la falta de resultados y el debilitamiento de las instituciones civiles de justicia. La ONU considera que esta estrategia no ha contribuido a resolver el problema, sino que ha perpetuado la impunidad.
Los colectivos de víctimas, por su parte, insisten en que el reconocimiento de la crisis es el primer paso indispensable para avanzar en soluciones reales, y que la negación del Estado solo retrasa la posibilidad de alcanzar justicia.
Conclusión
El cuestionamiento de la ONU por las 355 desapariciones no resueltas y la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional marcan un antes y un después en la relación de México con los organismos internacionales de derechos humanos.
México enfrenta el reto de demostrar que está dispuesto a asumir la magnitud del problema, fortalecer sus instituciones, garantizar la verdad y la justicia, y devolver la confianza a miles de familias que han visto interrumpida su vida por la desaparición de un ser querido.
De lo contrario, el país corre el riesgo de quedar señalado como un ejemplo de crisis humanitaria sin respuesta efectiva, con repercusiones internas e internacionales de gran alcance.
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