Legisladores cuestionan estrategia del gobierno ante hallazgos de combustible robado y cooperación migratoria con Estados Unidos

Legisladores de oposición, encabezados por el panista Ricardo Anaya, exigieron al gobierno federal abrir una investigación exhaustiva sobre el reciente decomiso de millones de litros de combustible robado en Coahuila, al tiempo que advirtieron sobre los riesgos de posibles acuerdos que permitan compartir datos biométricos de ciudadanos mexicanos y migrantes con autoridades de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, Anaya calificó como “alarmante” el hallazgo de más de 15 millones de litros de combustible robado y cuestionó que el gobierno haya declarado erradicado el huachicol cuando las cifras indican lo contrario. Según el senador, estos decomisos no sólo demuestran la persistencia del crimen organizado en el sector energético, sino que revelan una posible red de protección institucional que debe investigarse a fondo.

El legislador panista instó a que las autoridades expliquen a fondo el origen y el destino del combustible robado, así como la ruta del dinero producto de esta operación ilícita. De acuerdo con Anaya, mientras no se esclarezca si estos recursos fueron usados con fines políticos o enriquecimiento personal, la lucha contra el huachicol será meramente mediática y superficial. Señaló también que, pese a los operativos, no se ha informado de funcionarios detenidos ni de castigos ejemplares a quienes facilitaron estas actividades desde dentro de las instituciones públicas.

En un segundo eje, Anaya denunció la posible existencia de acuerdos entre el gobierno mexicano y agencias de seguridad estadounidenses para intercambiar datos biométricos de migrantes. De acuerdo con los legisladores, esta práctica violaría principios básicos de privacidad y podría derivar en la criminalización de personas en situación de movilidad. La oposición alertó que la entrega de información sensible como huellas dactilares, escaneo facial o datos genéticos sin salvaguardas adecuadas podría ser utilizada con fines de persecución o deportación, incluso en casos sin antecedentes penales.

El senador exigió al gobierno federal transparencia total sobre cualquier acuerdo internacional que involucre el intercambio de información ciudadana. Llamó a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Seguridad Pública a citar a comparecer a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para aclarar el alcance y la legalidad de estos intercambios.

La postura fue respaldada por el PRI y Movimiento Ciudadano, cuyos senadores señalaron que la falta de información clara por parte del Ejecutivo contribuye a una creciente opacidad en temas sensibles. Desde su perspectiva, permitir que otra nación tenga acceso a los datos biométricos de mexicanos sin autorización legislativa representa una renuncia tácita a la soberanía digital y a los derechos fundamentales.

El caso también reabre el debate sobre la eficacia real del combate al huachicol, una de las banderas principales del gobierno desde su inicio. Aunque las cifras oficiales reportaron una disminución en las tomas clandestinas durante los primeros años de la administración, los recientes decomisos contradicen esa narrativa. Para la oposición, el problema persiste no por falta de operativos, sino por la falta de voluntad para desarticular las redes institucionales que lo permiten.

En cuanto al tratamiento de datos personales, las bancadas opositoras anunciaron que impulsarán reformas que refuercen los controles sobre el uso y resguardo de información biométrica. Proponen incluir sanciones a funcionarios que entreguen datos sin mandato judicial, así como mecanismos de notificación y protección para las personas cuyos datos estén en riesgo de ser compartidos con gobiernos extranjeros.

A medida que el tema escala, crece la presión para que el Senado revise tanto los contratos de cooperación internacional como las políticas públicas vinculadas a seguridad energética y derechos digitales. La oposición advirtió que no permitirá que estos asuntos se traten en lo oscuro, ni que la seguridad nacional se negocie sin discusión parlamentaria.

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