El anuncio del nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral generó una inmediata y firme reacción por parte de las fuerzas de oposición en el Congreso de la Unión. Diversos legisladores y dirigentes de partidos opositores expresaron su desacuerdo tanto con el procedimiento como con el perfil del designado, al considerar que el proceso carece de apertura y que Gómez representa una figura vinculada directamente al oficialismo, lo que comprometería la imparcialidad del diagnóstico y propuesta que se derive de esta comisión.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo pública la creación de la comisión el pasado 3 de agosto, subrayando que su objetivo principal será proponer una reforma electoral que reduzca el número de legisladores plurinominales, disminuya el financiamiento a los partidos políticos y mantenga la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). En este contexto, Pablo Gómez fue designado para encabezar los trabajos técnicos y políticos que darán forma a la iniciativa, la cual se presentará en los próximos meses ante el Congreso.

Sin embargo, desde la Cámara de Diputados y el Senado, legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano acusaron al gobierno federal de pretender consolidar una reforma desde el Ejecutivo sin someterla a un verdadero proceso de diálogo multipartidista. En particular, la bancada panista señaló que la comisión encabezada por Gómez podría convertirse en un instrumento para justificar decisiones previamente tomadas por Morena y el Ejecutivo, bajo el disfraz de una consulta participativa.

Uno de los principales puntos de crítica se centró en el perfil del propio Pablo Gómez, quien recientemente dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante su paso por esta dependencia, Gómez protagonizó investigaciones mediáticas que involucraron a figuras del viejo régimen político, incluyendo a exgobernadores, líderes sindicales y empresarios. Si bien algunos sectores del oficialismo consideran que esta experiencia le otorga autoridad para coordinar un proceso de limpieza institucional, sus detractores argumentan que Gómez ha utilizado su posición para fines políticos y que su falta de imparcialidad es incompatible con una reforma que debería construirse a partir del consenso.

A las críticas se sumaron voces del sector académico y de organizaciones civiles, que recordaron que las reformas electorales más trascendentes en la historia reciente de México surgieron de amplios acuerdos entre partidos, sociedad civil y expertos, y no de decisiones unilaterales por parte del gobierno en turno. La falta de representación plural en la comisión, advirtieron, podría afectar la legitimidad del proceso y alimentar sospechas de que se pretende manipular las reglas del juego en beneficio de una sola fuerza política.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum defendió su decisión, destacando la trayectoria de Pablo Gómez como un político con décadas de experiencia legislativa, comprometido con la democracia desde sus inicios como líder estudiantil en 1968. La mandataria afirmó que quienes cuestionan su nombramiento hubieran preferido imponer a perfiles ligados a pasadas irregularidades electorales, en clara alusión al exconsejero presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, a quien atribuyó un papel relevante en la elección presidencial de 2006.

El relevo de Gómez en la UIF fue también tema de debate. Omar Reyes, abogado con experiencia en seguridad pública y exdirector de Interpol México, fue propuesto como nuevo titular de la unidad, en una decisión que deberá ser ratificada por el Congreso. Reyes asumiría una de las áreas más sensibles del aparato de inteligencia financiera del país, en momentos en que diversas investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero y redes criminales se encuentran abiertas o en proceso de litigio.

En paralelo, la comisión electoral que liderará Gómez comenzará a funcionar formalmente en los próximos días. Se prevé que su primer paso sea la elaboración de una encuesta nacional y la organización de foros ciudadanos en todo el país. La intención declarada es recoger opiniones de la ciudadanía sobre los temas más sensibles en materia electoral, tales como la representación proporcional, el financiamiento público a los partidos, la fiscalización de campañas y el diseño institucional del INE.

No obstante, la oposición ha advertido que, más allá del diseño participativo que el gobierno ha prometido, el fondo del asunto radica en la confianza. Para los partidos fuera del bloque oficialista, Pablo Gómez no garantiza la neutralidad necesaria para encabezar un proceso de esta magnitud. Algunos han pedido su reemplazo, mientras que otros han propuesto que la comisión sea acompañada por un órgano observador independiente que garantice la inclusión de todas las voces políticas.

El debate está lejos de terminar. La reforma electoral que impulsa el gobierno federal será una de las discusiones más complejas del segundo semestre del año. La designación de Pablo Gómez ha servido como catalizador de posturas encontradas que anticipan una discusión profunda sobre el rumbo de las instituciones electorales en el país. Lo que está en juego no es sólo la composición del Congreso o el presupuesto de los partidos, sino el equilibrio de poderes y la confianza ciudadana en el sistema democrático mexicano.

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