Oposición marca agenda con proyecto alternativo

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ha intensificado su postura respecto a la reforma contra la extorsión impulsada por el Ejecutivo federal. A través de posicionamientos públicos y en comisiones, legisladores panistas han exigido que su propia iniciativa, presentada en octubre de 2023, sea incorporada de manera integral en el dictamen final. Según afirman, el proyecto del oficialismo replica sus propuestas sin otorgarles el crédito correspondiente.

Los diputados federales del PAN consideran que su propuesta ofrece un enfoque más robusto, centrado no solo en la persecución penal, sino también en la atención a víctimas, la profesionalización de los cuerpos policiales y la coordinación interinstitucional. Advirtieron que no permitirán que la reforma avance sin un debate serio sobre las mejores herramientas para enfrentar un delito que consideran “uno de los más destructivos para el tejido social”.

Contenido de la iniciativa panista

La propuesta legislativa del PAN contempla una serie de acciones complementarias al esquema propuesto por el Ejecutivo, entre las que destacan:

• La creación de un sistema nacional de geolocalización de llamadas extorsivas, que permita ubicar en tiempo real el origen de las amenazas.
• La implementación de un centro nacional de apoyo integral a víctimas, con servicios jurídicos, médicos y psicológicos.
• Nuevos lineamientos para la protección de denunciantes, testigos y familiares.
• La homologación de protocolos de actuación policial en todos los estados.
• Un programa de capacitación especializada para los operadores del número 089, con certificación obligatoria.

De acuerdo con los legisladores panistas, su enfoque busca evitar que el combate a la extorsión recaiga únicamente en herramientas punitivas y reactive la atención a las víctimas, quienes en la mayoría de los casos no denuncian por temor, desconfianza institucional o falta de apoyo.

Postura del oficialismo: integración y negociación

En respuesta a las críticas, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha manifestado su disposición a integrar en un solo dictamen las distintas propuestas presentadas por los partidos. “No importa la paternidad de las iniciativas, lo que importa es que el producto legislativo sea eficaz y útil para la ciudadanía”, declaró en conferencia de prensa.

Monreal anunció que el dictamen se presentará en septiembre, tras un proceso de revisión técnica y política en comisiones, donde se buscará incorporar todos los planteamientos razonables, tanto del PAN como de otros grupos parlamentarios. La intención es que el dictamen final goce de un amplio respaldo y pueda ser aprobado sin fracturas.

Esta apertura del oficialismo podría facilitar la construcción de un acuerdo multipartidista, aunque no elimina del todo el malestar expresado por algunos sectores de la oposición, quienes consideran que sus propuestas fueron ignoradas durante los primeros meses de discusión.

Retos del dictamen y posibles escenarios

Más allá del debate político, el futuro de la Ley General contra la Extorsión dependerá de la capacidad de integrar distintos enfoques en un marco legal coherente y eficaz. La posibilidad de incluir medidas tecnológicas, mecanismos de protección a víctimas y fortalecimiento institucional supone una oportunidad para ampliar el impacto de la reforma.

Sin embargo, algunos analistas advierten que la negociación legislativa puede diluir elementos clave o introducir contradicciones si no se coordina adecuadamente el trabajo entre las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales. Además, queda por resolver el tema presupuestal: muchas de las acciones propuestas requieren recursos que aún no están contemplados en el paquete económico.

Para el PAN, el verdadero reto no es solo que su iniciativa sea mencionada en el dictamen, sino que sus elementos centrales sean adoptados como parte integral de la estrategia nacional. De lo contrario, podrían abstenerse o votar en contra en el pleno, lo que comprometería el objetivo de lograr una reforma con legitimidad política amplia.

Conclusión

La exigencia del PAN de integrar su plan en la ley contra la extorsión ha abierto un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre seguridad. Aunque el oficialismo ha mostrado disposición al diálogo, el proceso de armonización de propuestas será clave para evitar una confrontación estéril. Si logra incorporar los mejores elementos de cada iniciativa, la reforma no solo enfrentará con más fuerza a las redes de extorsión, sino que también podría marcar un precedente positivo en la construcción de políticas públicas basadas en consenso.

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