México, 3 de octubre de 2025
Críticas al proceso legislativo
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado en una sesión maratónica que concluyó de madrugada, con 76 votos a favor y 39 en contra. La oposición acusó que el oficialismo de Morena, junto con sus aliados, impulsó la aprobación en “fast track”, sin permitir un debate profundo y desechando múltiples reservas de partidos de oposición.
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que este procedimiento legislativo vulnera el derecho al análisis parlamentario y refleja la intención del bloque mayoritario de limitar el alcance del juicio de amparo, considerado el principal instrumento de defensa de los ciudadanos frente a abusos del poder.
Argumentos del PAN sobre la inconstitucionalidad
Dirigentes panistas, entre ellos senadores y diputados federales, anunciaron que recurrirán a los tribunales para promover amparos contra la propia Ley de Amparo una vez que entre en vigor. Su argumento principal es que la reforma contiene un artículo transitorio retroactivo que viola directamente el artículo 14 constitucional, el cual prohíbe dar efecto retroactivo a las leyes en perjuicio de las personas.
El legislador Federico Döring calificó la medida de “anticonstitucional y una canallada”, advirtiendo que la norma busca restringir la protección judicial a quienes ya tenían procesos abiertos, lo que afectará principalmente a ciudadanos y empresas que acudieron legítimamente a esta vía.
Riesgo de debilitamiento del juicio de amparo
El PAN sostiene que la reforma debilita al amparo al imponer requisitos más estrictos para acreditar el interés legítimo y al limitar la posibilidad de obtener suspensiones provisionales. Esto, a su juicio, impacta a colectivos, comunidades y organizaciones civiles que recurren al amparo en defensa de derechos humanos, medio ambiente o frente a decisiones administrativas cuestionables.
Además, advierte que con estas nuevas reglas se cierran las puertas a suspensiones en casos sensibles, como los relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que podría dejar indefensos a ciudadanos cuyos bienes o cuentas sean bloqueados sin una resolución judicial previa.
Estrategia jurídica del PAN
El anuncio de los recursos de amparo se enmarca en una estrategia más amplia de la oposición para frenar lo que consideran un intento del oficialismo de acotar derechos procesales. El PAN planea interponer amparos individuales y colectivos, además de coordinarse con organizaciones sociales y colegios de abogados que han manifestado su rechazo a la reforma.
Incluso se contempla la posibilidad de solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del caso mediante acciones de inconstitucionalidad, con el objetivo de declarar nulo el transitorio retroactivo y otras disposiciones restrictivas.
Posible colaboración con el Ejecutivo
A pesar de su férrea oposición al dictamen aprobado por el Senado, algunos legisladores panistas han expresado apertura a coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también manifestó su rechazo a la retroactividad incluida en el transitorio. El PAN considera que esta coincidencia podría abrir un espacio de negociación en la Cámara de Diputados para corregir los excesos de la reforma.
Reacciones sociales y políticas
Organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional han respaldado la postura crítica del PAN, señalando que el juicio de amparo no puede limitarse bajo criterios de conveniencia política. En contraste, los defensores de la reforma sostienen que era necesario poner límites al uso “abusivo” del amparo por parte de corporaciones o contribuyentes que lo empleaban para retrasar procesos fiscales o administrativos.
La confrontación ha colocado al amparo en el centro del debate político y jurídico en México, como símbolo del choque entre eficiencia institucional y protección de derechos fundamentales.
Conclusiones
El PAN ha decidido enfrentar en tribunales la reforma al juicio de amparo, convencido de que viola principios constitucionales básicos como la no retroactividad. Su estrategia no solo busca defender a ciudadanos con casos abiertos, sino también mantener vivo al amparo como la herramienta histórica de protección frente al poder del Estado.
El desenlace dependerá de dos factores: la discusión en la Cámara de Diputados, que podría modificar el dictamen, y la eventual intervención de la Suprema Corte, llamada a dirimir si el nuevo marco legal es compatible con los derechos fundamentales que tutela la Constitución.
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