¿Salud Pública o muerte empresarial? El dilema de Pascual La Cooperativa Pascual, conocida por marcas emblemáticas como Boing y refrescos Lulú, ha iniciado una transformación estratégica para enfrentar el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que entrará en vigor a partir de 2026. Ante las advertencias previas de que este gravamen podría poner en riesgo su viabilidad operativa, la empresa ha decidido anticiparse mediante la modificación de su portafolio de productos y la reconfiguración de sus fórmulas tradicionales. El primer movimiento concreto de esta estrategia es el lanzamiento de Néctasis, una bebida que combina néctares naturales de manzana, piña, guayaba y naranja sin azúcar añadida ni endulzantes artificiales. Este producto carece de los sellos de advertencia que aplican a bebidas con alto contenido calórico, lo que le otorga una ventaja fiscal significativa: quedará exento del IEPS de $3.08 pesos por litro para bebidas azucaradas y del impuesto de $1.64 pesos por litro para aquellas que utilizan edulcorantes no calóricos. La importancia comercial de este desarrollo trasciende el lanzamiento de un nuevo producto. Néctasis representa la puerta de entrada para que la cooperativa mantenga su presencia en segmentos clave como las cooperativas escolares, donde la venta de bebidas con sellos de advertencia enfrenta restricciones crecientes. La ausencia de sellos permite a la empresa conservar este canal de distribución vital para su modelo de negocio. La transformación no se limitará a este nuevo néctar. La empresa anunció que todas sus bebidas, incluyendo la icónica marca Boing, iniciarán un proceso de reconfiguración para eliminar progresivamente los ingredientes calóricos de sus recetas. El compromiso público de la cooperativa sostiene que mantendrá el uso de “insumos nacionales 100% naturales” como azúcar de caña y pulpa de fruta, pero prescindirá completamente de endulzantes artificiales, conservadores o aditivos químicos. El cálculo económico detrás de esta transformación resulta contundente: la cooperativa busca evitar un incremento del 88% en su carga impositiva, equivalente aproximadamente a $600 millones de pesos anuales. A diferencia de competidores de mayor escala como Coca-Cola o Pepsi, que pueden absorber parcialmente el impuesto trasladando el costo a los consumidores, Pascual carece de ese margen de maniobra, pues necesita mantener precios competitivos para conservar su participación en el mercado. La vulnerabilidad de la empresa frente a estos cambios regulatorios tiene antecedentes históricos. Con la entrada en vigor del primer impuesto a bebidas azucaradas en 2014, la cooperativa perdió el 50% de sus ventas, un impacto del que nunca se recuperó completamente. Esta experiencia explica la urgencia con la que los directivos han buscado interlocución con las autoridades, acudiendo al Congreso para solicitar que se reconozca la naturaleza social de la empresa y se otorguen beneficios fiscales que permitan preservar los 4,500 empleos directos y el patrimonio de 785 socios cooperativistas. La respuesta inicial del gobierno ha sido ambivalente. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Salud sostendrían reuniones con la empresa para explorar alternativas que amortiguaran el impacto del gravamen. Sin embargo, reafirmó que el objetivo central del incremento al IEPS sigue siendo reducir el consumo de azúcar en la población, priorizando consideraciones de salud pública sobre las preocupaciones empresariales. Especialistas en política fiscal y representantes del sector empresarial han advertido que el aumento del impuesto no garantiza efectivamente la reducción del consumo de bebidas azucaradas, mientras que sí pone en riesgo la viabilidad no solo de empresas medianas como Pascual, sino también de miles de pequeños negocios como tiendas de abarrotes que dependen significativamente de la venta de estos productos. Esta controversia ilustra el complejo equilibrio que debe lograr la política pública entre objetivos sanitarios, protección del empleo y supervivencia de empresas con arraigo social e histórico en el tejido productivo nacional.
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