La danza de Sheinbaum: Entre Trump y el “humanitarismo” petrolero

La decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de cancelar un envío de crudo a Cuba programado para mediados de mes ha puesto de relieve la compleja y delicada posición en la que se encuentra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las crecientes presiones de la administración estadounidense de Donald Trump. Informes de Bloomberg, confirmados por la falta de negación oficial, indican que el cargamento no zarpó como estaba planeado. Al ser cuestionada al respecto, Sheinbaum ofreció una respuesta ambigua, refiriéndose a la medida como una decisión “soberana” de Pemex, posiblemente basada en consideraciones contractuales o en una “decisión humanitaria” sujeta a revisión. Esta explicación, lejos de aclarar el asunto, generó más interrogantes sobre la naturaleza real de la relación comercial con la isla y quién realmente toma las decisiones en materia de política energética exterior.

Presión geopolítica y T-MEC

El trasfondo de esta cancelación es profundamente geopolítico. Cuba atraviesa su crisis energética más severa en décadas, agravada por el cese de los envíos de petróleo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En este contexto, México había surgido como un proveedor alternativo. Sin embargo, esta relación ha sido objeto de fuertes críticas por parte de congresistas cubano-estadounidenses y republicanos en Washington, quienes han vinculado explícitamente los envíos de crudo mexicano a Cuba con las negociaciones en curso para la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). La cancelación del cargamento aparece así no como un mero ajuste comercial o un acto de voluntad soberana discrecional, sino como una respuesta pragmática a una presión externa multifacética.

Seguridad, narcotráfico y soberanía

Esta presión no se limita al tema cubano. La administración Trump ha intensificado significativamente su estrategia de seguridad hacia México, designando a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Este movimiento, que traslada el narcotráfico del ámbito de la salud pública al de la seguridad nacional estadounidense, ha creado un marco legal que borra las líneas entre la cooperación bilateral y la intervención. El gobierno mexicano ha respondido exhibiendo un aumento en las incautaciones de drogas y la captura de objetivos de alto perfil, logros que ahora se interpretan en un contexto ambiguo: como parte de una estrategia nacional genuina o como “tributos” pagados para evitar represalias económicas más duras, como aranceles o incluso operativos militares unilaterales. El riesgo latente en esta dinámica es un desgaste severo de la soberanía y las instituciones mexicanas de seguridad, que podrían terminar operando bajo la agenda prioritaria de Washington.

El caso Ryan Wedding y la zona gris

Un caso emblemático de esta creciente opacidad y tensión es la captura del narcotraficante canadiense conocido como el “Rey de la Cocaína”, Ryan Wedding. El incidente se ha visto envuelto en narrativas contradictorias: mientras el gobierno mexicano, incluida la presidenta Sheinbaum, insiste en que no hubo participación operativa de agencias estadounidenses en suelo nacional y que se trató de una “entrega voluntaria”, el FBI ha agradecido públicamente la “colaboración” mexicana en términos que sugieren una acción coordinada. La negativa oficial a admitir un operativo conjunto, respaldada incluso por evidencia cuestionable, busca proteger una línea roja histórica de la política exterior mexicana en materia de seguridad y preservar la narrativa soberanista. Sin embargo, la disparidad de versiones revela que la cooperación ha entrado en una “zona gris” donde la transparencia se sacrifica en aras de la eficacia operativa inmediata y la conveniencia política.

En conjunto, estos episodios —la cancelación del envío petrolero a Cuba y la captura opaca de Wedding— son síntomas de un reacomodo forzado en la relación bilateral. México se encuentra en una encrucijada peligrosa donde debe navegar entre ceder ante las presiones de Washington para salvaguardar el crucial acuerdo comercial del T-MEC y resistirse para evitar que su soberanía se convierta en un mero concepto decorativo. Las decisiones ya no parecen responder únicamente a una agenda interna o a principios declarados de política exterior, sino a un cálculo pragmático de los costos de la confrontación con una administración estadounidense dispuesta a usar todas las palancas a su disposición. La soberanía, en este nuevo escenario, no se ejerce en el vacío, sino bajo una vigilancia constante y una presión tangible que condiciona cada movimiento.

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