Pemex, entre el discurso oficial y la realidad crediticia

Pemex entre el discurso oficial y la dura realidad crediticia

La negativa de la agencia calificadora S&P Global de mejorar la nota crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) puso en evidencia una marcada brecha entre las expectativas optimistas del gobierno y la dura realidad financiera que enfrenta la petrolera estatal. Mientras la Secretaría de Energía había insinuado un posible avance en la calificación, S&P fue categórica al mantenerla sin cambios. Esta discrepancia no es un simple desacuerdo técnico; tiene consecuencias directas en el costo de financiamiento de la empresa y erosiona aún más la ya frágil confianza de los inversionistas en su capacidad de pago y gestión.

La situación fiscal de Pemex sigue siendo extremadamente precaria. Al cierre de 2025, la empresa arrastraba una deuda financiera cercana a los 84,500 millones de dólares. Aunque esta cifra representa una ligera reducción respecto al año anterior, el verdadero problema yace en una enorme carga de pasivos no resueltos: importantes pagos a proveedores por trabajos realizados en 2023 y 2024 que aún no han sido saldados. Estas deudas operativas se encuentran en un preocupante limbo, ya que no están contempladas dentro del mecanismo de pago administrado por Banobras, dejando a los acreedores sin certeza sobre cuándo podrían recibir su dinero.

En el ámbito operativo, Pemex logró estabilizar su producción petrolera al cierre del año pasado, pero el desafío fundamental persiste: necesita acelerar de manera significativa tanto su propia producción como la de los campos operados por privados en proyectos clave como Trión, Zama y Maloob. Ante los magros resultados de los esquemas de contratos mixtos anteriores, la dirección ha comenzado a explorar nuevos modelos de producción compartida para reactivar la inversión.

A este panorama se sumó la confusión generada por la desaparición estadística de Campeche en los reportes oficiales de producción, sustituido por la denominación genérica “Aguas Territoriales”. Aunque Pemex aclaró que se trató de un ajuste administrativo sin impacto real, el episodio encendió alertas políticas y evidenció problemas de comunicación y coordinación institucional.

En conjunto, el escenario de Pemex a inicios de 2026 refleja una empresa atrapada entre una deuda monumental, pagos pendientes que afectan su credibilidad y un entorno operativo bajo constante escrutinio. La decisión de S&P no es un hecho aislado, sino el reflejo de problemas estructurales que siguen sin resolverse.

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