El gobierno federal anunció una estrategia financiera integral para que Petróleos Mexicanos (Pemex) deje de depender del respaldo fiscal de la Secretaría de Hacienda a partir de 2027. La medida busca sanear una de las empresas más endeudadas del sector energético global y garantizar su sostenibilidad operativa en los próximos años. El plan, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de alto nivel, incluye apoyos fiscales temporales, reestructuración de deuda, y una serie de inversiones estratégicas enfocadas en producción, refinación y petroquímica.

Durante una conferencia oficial, Sheinbaum aseguró que Pemex podrá operar de forma independiente a partir de 2027 gracias a un conjunto de medidas estructurales que incluyen una reducción gradual de su deuda financiera, un nuevo esquema fiscal, y la creación de un fondo de inversión respaldado por el Estado. De acuerdo con sus palabras, el objetivo es garantizar que la empresa productiva del Estado “salga adelante por sí sola, sin comprometer las finanzas públicas”.

El plan contempla que durante 2025 y 2026 la Secretaría de Hacienda mantenga el apoyo financiero a Pemex para cubrir pagos de intereses y amortizaciones, evitando con ello una afectación al mercado de bonos. Sin embargo, la prioridad será no absorber esa deuda como deuda soberana, una práctica que en administraciones pasadas elevó la exposición fiscal del gobierno federal.

Como parte de la estrategia, el gobierno colocó 12 mil millones de dólares en notas precapitalizadas a través de un fideicomiso internacional, superando la meta inicial de 10 mil millones debido a una alta demanda del mercado. Los recursos obtenidos servirán para refinanciar deuda existente sin aumentar el pasivo neto. Paralelamente, se creó un fondo nacional de inversión por 250 mil millones de pesos, con recursos provenientes de instituciones como Banobras, Nafin, Bancomext y banca privada, orientado exclusivamente a financiar proyectos estratégicos de Pemex durante el año fiscal 2025.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que la deuda financiera de la petrolera pasará de 98.8 mil millones de dólares a 88.8 mil millones al cierre de 2025, y se proyecta que alcance los 77.3 mil millones en 2030. Esta reducción se dará gracias a un nuevo marco tributario denominado “Derecho Petrolero para el Bienestar”, el cual establece una tasa fija de 30 % sobre la producción de petróleo y 12 % sobre la de gas natural, sustituyendo al régimen anterior que gravaba con hasta 65 % las ganancias operativas.

En el plano operativo, Pemex se ha comprometido a elevar la producción de crudo hasta alcanzar 1.8 millones de barriles diarios mediante la incorporación de proyectos de exploración y explotación en colaboración con el sector privado. Yacimientos como Zama y Trion, que operan bajo esquemas de asociación, serán claves para cumplir esta meta.

Asimismo, se contempla una transformación del sistema de refinación. La empresa reducirá la generación de combustóleo —considerado contaminante y de bajo valor— y aumentará la producción de combustibles más limpios. Se prevé la modernización de refinerías existentes y la utilización plena de la refinería de Dos Bocas, que comenzará operaciones comerciales a finales de este año.

En materia de infraestructura energética, el plan incluye la construcción de tres nuevos gasoductos, entre ellos el Coatzacoalcos II y el tramo de enlace con el sistema Mayakán en la península de Yucatán, con los cuales se busca garantizar el abasto de gas natural en regiones industriales estratégicas.

El componente petroquímico también forma parte del rediseño estratégico. La empresa tiene previsto reactivar plantas como Escolín e instalar una nueva planta de urea que producirá 1.5 millones de toneladas anuales. Estos proyectos buscan reducir la dependencia de fertilizantes importados y fortalecer la soberanía energética.

En términos ambientales, Pemex desarrollará cuatro plantas de cogeneración eléctrica en Tula, Salina Cruz, Cangrejera y Nuevo Pemex. Estas instalaciones contarán con eficiencias térmicas superiores al 80 % y permitirán reducir en 14 % las emisiones de gases contaminantes, alineándose con la política climática federal.

La calificación crediticia de Pemex, históricamente presionada por su elevado endeudamiento y baja rentabilidad, ha comenzado a mejorar. Agencias como Fitch Ratings elevaron recientemente su nota de ‘B+’ a ‘BB’, argumentando una mayor certidumbre respecto al respaldo gubernamental y la aplicación disciplinada de medidas correctivas.

A pesar del optimismo oficial, analistas internacionales advierten que Pemex enfrenta retos estructurales complejos: la caída en la producción de campos maduros, la morosidad en pagos a proveedores y la creciente competencia internacional siguen siendo factores que limitan su competitividad. No obstante, la implementación del plan podría representar el primer paso real hacia una reconfiguración operativa y financiera de largo plazo.

El gobierno apuesta a que esta etapa de transición sirva como puente para consolidar un modelo energético menos dependiente del endeudamiento externo, y con ello fortalecer a Pemex como eje de la política energética nacional. El desafío está en equilibrar esa ambición con la disciplina fiscal y los compromisos ambientales que exige la economía global actual.

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