Jubilaciones de una empresa extinta siguen costando miles de millones
Aunque Luz y Fuerza del Centro (LyFC) dejó de operar hace más de una década, su impacto financiero continúa vigente. La empresa extinta mantiene un padrón superior a 14 mil jubilados, cuyas pensiones representan una de las cargas más costosas para el erario público en México. Una parte significativa de estos beneficiarios recibe pensiones mensuales que superan los 100 mil pesos, e incluso existen casos que alcanzan montos considerablemente mayores.
El esquema de jubilaciones heredado de LyFC fue diseñado bajo condiciones contractuales que hoy resultan difíciles de sostener frente a la realidad fiscal del país. A diferencia del promedio de pensiones que reciben millones de trabajadores mexicanos, los ex empleados de esta empresa acceden a ingresos que multiplican por decenas el monto habitual de retiro, generando un debate constante sobre la equidad del sistema.
Un gasto público que no desapareció con la empresa
El pago de estas pensiones representa un costo anual superior a los 52 mil millones de pesos, recursos que provienen directamente del presupuesto federal. Este gasto persiste pese a que la empresa ya no presta ningún servicio, lo que ha convertido a LyFC en un símbolo de los pasivos laborales que sobreviven a la desaparición de organismos públicos.
Además del pago directo de las jubilaciones, el Estado absorbe otros costos asociados, como subsidios fiscales y obligaciones administrativas, lo que incrementa aún más la presión sobre las finanzas públicas. Este escenario ha alimentado críticas sobre la falta de una reforma estructural que ponga límites a los privilegios heredados de viejos contratos colectivos.
Debate político y propuestas de reforma
El tema ha sido retomado en el debate público como ejemplo de los excesos del pasado en materia laboral y sindical. Desde el Ejecutivo se ha planteado la necesidad de revisar y acotar las pensiones más altas, argumentando que ningún retiro debería superar el ingreso de los altos funcionarios del Estado.
La discusión no se limita a LyFC. Casos similares en otras empresas paraestatales han reabierto el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en México y la urgencia de establecer criterios más equitativos para el uso de recursos públicos.
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