Un ciclo judicial que llega a su fin

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su última sesión plenaria el 19 de agosto de 2025, cerrando así un ciclo histórico iniciado con la reforma de 1994. La sesión estuvo marcada por la solemnidad y la incertidumbre, ya que a partir del 1 de septiembre entrará en vigor un nuevo modelo judicial derivado de la reforma impulsada por el oficialismo, que estableció la elección popular de los ministros. Este momento representa no solo la conclusión de una etapa, sino también el inicio de un periodo que, para muchos especialistas, implica riesgos inéditos para la independencia del máximo tribunal del país.

La presidenta saliente, Norma Piña Hernández, dirigió un mensaje que fue interpretado como una advertencia. En su discurso enfatizó que la justicia en México se encuentra en disputa y que el futuro de la Corte podría estar amenazado por factores políticos. Señaló que la sociedad y la historia serán quienes juzguen a los jueces que, a su vez, han juzgado a los ciudadanos durante décadas. Con estas palabras, Piña buscó dejar un legado simbólico de resistencia y responsabilidad histórica.

Un discurso cargado de advertencias

Durante su intervención, la ministra subrayó que la Corte había sido, hasta ahora, el pilar de la justicia constitucional en México. Explicó que, pese a las diferencias internas y las tensiones con otros poderes del Estado, el tribunal logró mantener su papel como contrapeso. Sin embargo, advirtió que la nueva configuración del Poder Judicial, surgida de la reforma, podría derivar en una peligrosa politización de la justicia.

El mensaje de Piña fue recibido con aplausos por la mayoría de los presentes, aunque hubo un contraste evidente en la actitud de algunas ministras cercanas al oficialismo, quienes optaron por el silencio. Este gesto fue interpretado como una muestra de las divisiones que han marcado a la Corte en los últimos años y que podrían agudizarse con la llegada de nuevos integrantes elegidos en las urnas.

La reforma y sus implicaciones

La reforma judicial aprobada en 2024 modificó de manera sustancial la estructura de la Suprema Corte. Se redujo el número de ministros de once a nueve, se eliminaron las salas y se instauró un mecanismo de elección popular para designar a sus miembros. Con ello, el Ejecutivo y el Legislativo buscaron dar respuesta a las críticas por los privilegios económicos de los jueces y a la percepción de opacidad en la impartición de justicia.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en derecho constitucional han advertido que este esquema pone en riesgo la autonomía del tribunal. Según estos sectores, la elección popular podría derivar en magistrados sometidos a intereses partidistas y campañas políticas, lo que debilitaría la imparcialidad judicial.

Además, el último presupuesto aprobado por los ministros salientes ascendió a casi seis mil millones de pesos, con un aumento del 13 % respecto al año anterior, lo que alimenta las críticas sobre el gasto en un poder que, a ojos de muchos, requiere austeridad y mayor transparencia.

Temas pendientes y retos inmediatos

Uno de los puntos más polémicos que quedaron pendientes es el de la prisión preventiva oficiosa. El pleno de la Corte, encabezado por Piña, decidió no resolver este asunto y dejarlo en manos de los nuevos ministros. Se trata de un tema especialmente sensible, ya que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han señalado que la medida atenta contra el debido proceso y la presunción de inocencia.

Otro desafío será el de garantizar que la Corte siga siendo un contrapeso efectivo frente al Ejecutivo. Durante la actual administración, la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial fue constante, con acusaciones de injerencia, críticas al presupuesto y descalificaciones públicas hacia los ministros. La nueva conformación del tribunal deberá demostrar que puede mantener independencia, incluso en un contexto donde su legitimidad dependerá directamente de las urnas.

Reacciones y posturas encontradas

El cierre de la etapa encabezada por Norma Piña generó reacciones diversas. Por un lado, sectores académicos y de oposición destacaron su valentía al defender la autonomía judicial, a pesar de las presiones políticas. Por otro, figuras afines al oficialismo cuestionaron su papel y la acusaron de haber frenado desde dentro la transformación del Poder Judicial.

La sociedad civil también ha manifestado preocupación por lo que viene. Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que el nuevo modelo debe garantizar el acceso efectivo a la justicia, mientras que observadores internacionales subrayan la necesidad de vigilar que la reforma no se traduzca en un debilitamiento del Estado de derecho.

Un cierre cargado de simbolismo

El acto final de la Corte bajo la presidencia de Norma Piña no solo fue un evento institucional, sino también un momento cargado de simbolismo. Representó la despedida de un modelo judicial que durante más de tres décadas buscó consolidar la justicia constitucional en México. Al mismo tiempo, abrió la puerta a un escenario de incertidumbre, donde la imparcialidad de los jueces y la estabilidad del sistema judicial estarán bajo escrutinio constante.

La frase de Piña resuena como un recordatorio: la historia juzgará no solo a los jueces que cierran esta etapa, sino también a quienes, a partir de ahora, tendrán en sus manos el destino de la justicia en el país.

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