El fallo judicial contra la sección presidencial
En una decisión histórica, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”, implementada durante las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, violó los derechos a la libertad de prensa y de expresión. Según el fallo, esta sección operó como un mecanismo de estigmatización y censura indirecta hacia periodistas críticos, usando recursos públicos para deslegitimarlos ante la opinión pública.
El tribunal advirtió que esta estrategia institucional no fue creada mediante una orden escrita ni regulada por un marco normativo transparente, lo que derivó en un ejercicio de propaganda política carente de parámetros objetivos. Desde el poder, se impuso una narrativa que definía qué era “mentira” o “verdad” sin posibilidad de réplica, afectando el derecho ciudadano a una información veraz, imparcial y plural.
El caso Raymundo Riva Palacio
La resolución deriva de un amparo indirecto promovido por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien fue señalado en al menos dos ocasiones en la conferencia presidencial, tanto por López Obrador como por la entonces vocera Martha Jessica Ramírez González. Riva Palacio denunció actos de represalia, hostigamiento y ataques personales, los cuales consideró violatorios de sus derechos fundamentales como comunicador.
El tribunal dio la razón al periodista, subrayando que las expresiones emitidas por funcionarios públicos en espacios oficiales deben regirse por criterios de legalidad, equidad y respeto, y no utilizarse como mecanismos de linchamiento mediático.
Un precedente para la libertad de prensa
La sentencia tiene amplias repercusiones para la protección de la libertad de expresión en México. Reitera que los mecanismos de comunicación oficial no pueden convertirse en espacios para denostar a la crítica o premiar a los medios afines. En un entorno democrático, el disenso y el escrutinio del poder son parte esencial del equilibrio institucional.
Además, el tribunal resaltó que el Estado tiene la obligación de garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico. La ausencia de reglas claras en el uso de recursos públicos para enfrentar narrativas críticas sienta un mal precedente, que puede traducirse en autocensura o incluso poner en riesgo la integridad de los comunicadores.
Reacciones y futuro
La decisión ha sido celebrada por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa, que ven en ella un avance significativo en la rendición de cuentas del poder político. Asimismo, se espera que siente las bases para evitar que futuras administraciones repliquen esquemas comunicativos que atenten contra el debate público informado.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el gobierno federal y el gremio periodístico, agravadas por los altos niveles de violencia contra la prensa en México. Esta resolución abre la puerta a mayores exigencias de transparencia, legalidad y respeto institucional hacia el trabajo periodístico.
México cambia todos los días, y entenderlo es poder. A las 10 am, Ale Díaz de la Vega te explica en El Daily Diario lo más importante que ocurre en el país. Haz clic aquí y mantente al tanto.
