Antecedentes del caso

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos tras darse a conocer que posee al menos 13 ranchos en el estado de Tabasco, además de diversos bienes rurales, maquinaria y ganado.
El caso ganó relevancia pública cuando diversos medios difundieron documentos y testimonios sobre la adquisición de estas propiedades entre 2019 y 2024, periodo que coincide con el sexenio de su hermano.

Según los reportes, las compras fueron realizadas al contado y registradas en diferentes municipios del estado, aunque no se han encontrado registros de actividad laboral formal o fuentes de ingreso documentadas a nombre de José Ramiro en los últimos años. Estos datos alimentaron sospechas sobre un posible incremento patrimonial injustificado.

Declaraciones del hermano del expresidente

Frente a las críticas, Ramiro López Obrador negó cualquier irregularidad. En declaraciones recientes aseguró que todas las propiedades fueron adquiridas “poco a poco” y con recursos propios, producto de su trabajo previo en el sector agropecuario y de ahorros personales.
“Eso lo tengo declarado, yo no escondo nada. Lo demás es una cuestión mediática”, afirmó en entrevistas con la prensa local.

El hermano del expresidente explicó que los ranchos fueron adquiridos con base en una estrategia de diversificación familiar, sin participación de programas públicos ni financiamiento estatal. “He vivido siempre de la tierra, no tengo nada que ocultar”, añadió.

Las propiedades y las inconsistencias detectadas

De acuerdo con los reportes oficiales del Registro Público de la Propiedad en Tabasco, las trece propiedades se concentran en los municipios de Macuspana, Centla y Cunduacán. En ellas se han detectado actividades de ganadería extensiva y cultivos de plátano y cacao.
También se han identificado vehículos de carga y maquinaria agrícola adquiridos durante el sexenio pasado, incluyendo un tractor y al menos tres camionetas de modelo reciente.

El punto más polémico radica en que José Ramiro no registró ingresos comprobables en el periodo 2020-2024, ni aparece como beneficiario de programas de financiamiento agropecuario. Estas inconsistencias han alimentado la sospecha de que las compras pudieron haberse realizado mediante intermediarios o fondos no declarados.

La respuesta institucional

Hasta el momento, no existe una investigación formal abierta contra José Ramiro López Obrador por parte de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, legisladores de oposición han solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que realice una revisión de sus movimientos bancarios y patrimoniales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado pronunciarse directamente sobre el caso, limitándose a señalar que “cada quien es responsable de su conducta y debe rendir cuentas ante la ley si se demuestra alguna falta”.

La falta de pronunciamiento institucional claro ha sido interpretada por algunos analistas como una forma de evitar fricciones familiares y políticas, especialmente ante el cierre de ciclo del lopezobradorismo y el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Caso paralelo: nueva denuncia contra Ana Guevara

Mientras el tema de José Ramiro generaba debate público, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una tercera denuncia contra la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Guevara, por presuntas irregularidades en adjudicaciones directas por más de 60 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la apertura de una carpeta de investigación, lo que incrementa la presión política sobre la administración saliente. Con esta denuncia, Guevara acumula tres procesos abiertos por mal manejo de recursos públicos, lo que la convierte en una de las funcionarias más cuestionadas del sexenio.

Este contexto ha llevado a la oposición a vincular ambos casos como parte de una misma problemática: la falta de rendición de cuentas y transparencia en el entorno político ligado al lopezobradorismo.

Implicaciones políticas y mediáticas

La defensa pública de José Ramiro López Obrador no ha bastado para frenar el daño reputacional. El caso golpea de manera indirecta la imagen del proyecto político de su hermano y pone a prueba la narrativa de “austeridad” y “honestidad” que el movimiento de la Cuarta Transformación ha sostenido desde su origen.

Además, ha reavivado la discusión sobre el nepotismo político y el poder de los vínculos familiares en la administración pública. Aunque José Ramiro no ocupa un cargo oficial desde hace años, su cercanía con la estructura del poder federal lo convierte en figura de interés público.

En el ámbito social, el caso también ha polarizado opiniones: mientras algunos sectores defienden su derecho a poseer propiedades legítimas, otros exigen una investigación patrimonial completa. En redes sociales, las imágenes de sus ranchos han circulado acompañadas de etiquetas críticas hacia el movimiento gobernante.

Conclusión

El caso de José Ramiro López Obrador refleja las tensiones entre transparencia, poder y legado político. Si bien no existen pruebas judiciales que lo incriminen, el contraste entre su nivel patrimonial y la ausencia de ingresos formales plantea interrogantes que podrían escalar hacia una revisión institucional más amplia.

Su defensa se centra en la legalidad y el esfuerzo personal, pero la percepción pública no siempre responde a los argumentos legales, sino a los símbolos que representan. En ese sentido, los 13 ranchos del hermano del expresidente se han convertido en una metáfora del desafío que enfrenta el movimiento gobernante: convencer de que la honestidad proclamada se traduce en coherencia visible.

Referencias

• Proceso: “José Ramiro López Obrador, el hermano de AMLO con 13 ranchos adquiridos poco a poco.”
• Infobae: “José Ramiro López Obrador defiende la compra de 13 ranchos: ‘Los fui comprando poco a poco’.”
• Latinus: “Hermano de AMLO niega irregularidades, pero omite fechas de compra de sus propiedades.”
• UnoTV: “José Ramiro López Obrador responde críticas por sus 13 ranchos en Tabasco.”
• ASF / FGR: “Tercera denuncia contra Ana Guevara por 60 millones de pesos en adjudicaciones irregulares.”

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