La postura federal
El martes 1 de noviembre de 2025, durante la tradicional festividad del Festival de las Velas en el centro histórico de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el alcalde municipal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. El ataque, cometido a plena luz del día y frente a decenas de asistentes, generó conmoción nacional e inmediata respuesta del gobierno federal.
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla, declaró que no hubo fallas en la intervención de la Guardia Nacional ni en los protocolos de seguridad para el edil. Según Trevilla, el riesgo se originó porque el alcalde “no aceptó protección directa”. La dependencia argumentó que se habían ofrecido medidas reforzadas de seguridad que el propio mandatario local rechazó.
A su vez, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que los escoltas del alcalde no están detenidos y que serán llamados nuevamente a declarar conforme avance la investigación. Estas declaraciones, desde la esfera federal, apuntan a deslindar a las fuerzas de seguridad nacionales de cualquier omisión directa en los hechos.
Antecedentes que importan
Carlos Manzo había sido diputado federal hasta febrero de 2024, cuando solicitó licencia para competir por la presidencia municipal de Uruapan como candidato independiente. Su triunfo fue contundente, con más del 60 % de los votos, impulsado por un discurso firme contra el crimen organizado.
Desde su llegada a la alcaldía, Manzo denunció extorsiones, amenazas y la infiltración criminal en la cadena productiva del aguacate, motor económico de la región. Pidió apoyo federal e incluso la entrega de armamento especial para la policía local, pero las respuestas fueron parciales.
Michoacán, además, vive un contexto de violencia compleja: Uruapan forma parte de la llamada “ruta del aguacate”, un territorio en disputa por diversos cárteles, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y remanentes de Los Viagras. El control territorial, la extorsión a productores y los secuestros de líderes locales son constantes.
Qué señala la investigación sobre posibles fallas
La narrativa oficial sostiene que no existió una falla de Estado, sino un evento imprevisible. Sin embargo, las primeras indagatorias revelan inconsistencias:
- Aunque el alcalde contaba con protección federal desde diciembre de 2024 —reforzada con elementos de la Guardia Nacional—, el agresor logró acercarse y disparar en un entorno abierto y multitudinario.
- La fiscalía estatal investiga si hubo relajamiento de protocolos o negligencia en el perímetro de seguridad durante el evento público.
- Autoridades locales admitieron que se analiza si hubo colaboración interna o filtraciones que permitieron a los atacantes conocer la ruta y la agenda del alcalde.
Estas líneas de investigación, aunque en desarrollo, contradicen la narrativa de SEDENA sobre la inexistencia de errores operativos.
Implicaciones de la postura federal
Que la SEDENA niegue fallas tiene distintas lecturas:
- Política. El gobierno busca preservar la imagen de eficacia de la Guardia Nacional, afirmando que la protección ofrecida fue suficiente y que la tragedia derivó de decisiones individuales.
- Institucional. Reconocer errores implicaría aceptar vulnerabilidades en un cuerpo de seguridad que opera en todo el país.
- Narrativa pública. La postura pretende mantener la confianza en las fuerzas armadas en un momento en que la violencia contra funcionarios municipales ha repuntado.
No obstante, especialistas en seguridad apuntan que el homicidio de un alcalde protegido por fuerzas federales evidencia fallas estructurales más amplias: ausencia de inteligencia preventiva, falta de coordinación interinstitucional y deficiencias en la evaluación de riesgos.
Riesgos latentes y reflexiones
Michoacán ha sido, durante años, uno de los estados más golpeados por la violencia política. Solo en el actual sexenio, siete alcaldes han sido asesinados, la mayoría tras recibir amenazas o denunciar actos de corrupción vinculados con el crimen organizado.
La ejecución de Manzo reabre el debate sobre la eficacia de la estrategia de seguridad federal y el grado de autonomía que los municipios realmente tienen para proteger a sus autoridades. También plantea una pregunta de fondo: ¿puede un funcionario local sostener una política de confrontación al crimen sin respaldo operativo sostenido?
En el terreno político, la postura de SEDENA intenta blindar la imagen del gobierno federal, pero podría interpretarse como una evasión de responsabilidad en un caso emblemático. En lo social, deja la sensación de vulnerabilidad ante un Estado que asegura no fallar, incluso cuando las balas alcanzan a sus representantes.
Conclusión
La muerte de Carlos Manzo representa un punto de inflexión en la relación entre los municipios michoacanos y las autoridades federales. La negativa de SEDENA a reconocer fallas busca proyectar fortaleza institucional, pero al mismo tiempo evidencia los límites de una estrategia de seguridad que no logra proteger a quienes encabezan la lucha contra el crimen.
El caso de Uruapan pone en duda no solo la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la paz. Lo que ocurra en los próximos meses, tanto en las investigaciones como en la respuesta federal, definirá si este asesinato se convierte en un símbolo de cambio o en otro episodio más de impunidad.
Referencias
- Reuters: “Mexico’s Sheinbaum pledges justice after murder of outspoken anti-crime mayor”
- El País: “Un atentado con el sello del Cártel Jalisco, un pistolero suicida y un gobernador distraído confluyen como pistas del crimen contra Carlos Manzo”
- AP News: “Organized crime believed involved in killing of popular Mexican mayor by teenage gunman”
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