Una ofensiva legislativa con eco internacional

En medio de una creciente tensión migratoria entre Estados Unidos y México, el senador republicano Eric Schmitt ha propuesto elevar el impuesto federal a las remesas del 3.5 % actual hasta un 15 %. La propuesta se presenta como parte de una ofensiva legislativa tras los disturbios en Los Ángeles y la respuesta enérgica del gobierno mexicano. Según Schmitt, este gravamen serviría para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum a cooperar más activamente en temas de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

La medida fue incluida como enmienda al llamado “One Big Beautiful Bill”, una ambiciosa legislación republicana que busca transformar el sistema migratorio y fiscal estadounidense. Sin embargo, el artículo sobre las remesas ha acaparado la atención mediática y diplomática por su impacto potencial sobre millones de familias mexicanas y centroamericanas que dependen de ese flujo económico transfronterizo.

La respuesta de México: advertencia y defensa

La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en responder. En una conferencia desde Palacio Nacional, calificó la iniciativa de “inmoral e inaceptable”, afirmando que, de aprobarse, su gobierno “se movilizará en todos los frentes posibles” para proteger a los migrantes mexicanos. También anticipó que este será uno de los temas prioritarios durante su participación en la próxima cumbre del G7 en Canadá, donde planea sostener un encuentro con el expresidente Donald Trump, probable contendiente republicano en las próximas elecciones de Estados Unidos.

En el mismo tono, la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó contactos con legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, buscando frenar el avance de la iniciativa. Un grupo de 24 congresistas del caucus hispano ya ha manifestado su rechazo a la propuesta, advirtiendo que podría provocar efectos adversos en la economía regional y fomentar canales informales de envío de dinero.

Un impacto económico que trasciende fronteras

México es el segundo receptor de remesas a nivel mundial, con más de 64 mil millones de dólares recibidos solo en 2024. Estas transferencias representan una fuente vital de ingresos para millones de hogares, superando incluso los ingresos del turismo o del petróleo. La eventual aprobación de un impuesto del 15 % podría suponer un recorte de más de 9 mil millones de dólares anuales, afectando directamente la economía popular en comunidades de alta migración como Michoacán, Jalisco y Guanajuato.

De acuerdo con estimaciones del Joint Committee on Taxation, el nuevo impuesto podría generar hasta 26 mil millones de dólares en una década para el erario estadounidense. Sin embargo, economistas advierten que este ingreso potencial se vería contrarrestado por una caída en el uso de canales formales para el envío de dinero, ya que muchos migrantes podrían optar por sistemas alternativos, menos seguros y más costosos, incluyendo redes informales vinculadas al crimen organizado.

Además, la medida plantea serias dudas sobre su constitucionalidad. En Estados Unidos, los residentes sin número de seguridad social (SSN), que usan identificaciones tributarias alternativas (ITIN), podrían verse desproporcionadamente afectados. Esto abriría la puerta a acusaciones de discriminación fiscal por origen nacional, lo que podría derivar en litigios en tribunales federales.

Diplomacia, migración y un nuevo frente de conflicto

Más allá de su impacto económico, la propuesta ha comenzado a tensar aún más las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Para el gobierno mexicano, este intento de legislar impuestos transfronterizos representa una forma de chantaje político. Para el ala dura del Partido Republicano, es una herramienta legítima de presión frente a lo que consideran una “colaboración insuficiente” de México en temas de migración y seguridad.

Este episodio marca un nuevo capítulo en una relación históricamente compleja. En años recientes, las remesas han sido vistas por México como un sostén económico legítimo y por sectores conservadores estadounidenses como una vía que subsidia indirectamente a gobiernos considerados “pasivos” ante la migración irregular. La confrontación actual, entonces, no solo es fiscal, sino profundamente ideológica.

Un futuro incierto para las familias migrantes

La propuesta aún debe pasar por varias etapas legislativas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Sin embargo, su sola existencia ya genera incertidumbre entre las comunidades migrantes y sus familias. Organizaciones civiles en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Houston han comenzado campañas informativas para advertir sobre los riesgos de esta posible reforma y promover mecanismos de defensa legal para los remitentes.

Mientras tanto, México alista su estrategia diplomática, consciente de que el debate va más allá del dinero: está en juego la dignidad de millones de migrantes que, lejos de representar una carga, han sido históricamente uno de los vínculos más sólidos entre ambos países.

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