Un tribunal federal emitió esta semana una sentencia histórica contra cinco militares adscritos a la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), encontrándolos culpables de participar activamente en el robo sistemático de combustibles, conocido comúnmente como “huachicol”, durante varios años. Las penas impuestas alcanzan hasta los 31 años de prisión, dependiendo del grado de responsabilidad de cada uno de los implicados, y sientan un precedente importante en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas armadas y empresas del Estado.

Los hechos por los cuales fueron juzgados ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando los ahora sentenciados utilizaron su posición dentro de la estructura de seguridad interna de Pemex para desviar ilegalmente más de 2 mil millones de litros de gasolina, equivalente a miles de millones de pesos en pérdidas para el erario público. Las investigaciones revelaron un entramado de corrupción que incluía alteración de bitácoras, manipulación de sistemas de vigilancia, ocultamiento de evidencia y complicidad con redes criminales dedicadas a la comercialización ilegal de combustible.

El caso ha adquirido especial relevancia debido al perfil de los acusados: todos eran miembros activos o retirados del Ejército Mexicano, comisionados a tareas de seguridad estratégica en instalaciones petroleras. La Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, en la que operaban, fue creada precisamente para evitar el robo de hidrocarburos, por lo que su participación en los delitos representa una contradicción alarmante y una vulneración directa a los objetivos de la política energética nacional.

Uno de los aspectos más significativos del proceso judicial ha sido la mención recurrente del general Eduardo León Trauwitz, quien se desempeñó como jefe de dicha subdirección durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Trauwitz, quien fungía como jefe de escoltas presidenciales antes de su nombramiento en Pemex, es señalado como presunto autor intelectual del esquema de robo de combustibles y actualmente se encuentra prófugo en Canadá, país donde solicitó asilo político para evitar su extradición a México. La Fiscalía General de la República ha confirmado que mantiene activo el proceso de extradición, aunque las autoridades canadienses aún no han determinado una resolución final.

Las autoridades mexicanas consideran que la red encabezada por Trauwitz y sus subordinados operó con impunidad durante años, aprovechando vacíos normativos y la falta de supervisión interna. Testimonios presentados durante el juicio señalan que los militares sentenciados recibían pagos mensuales de grupos del crimen organizado para permitir el acceso a ductos, camuflar irregularidades y desviar el combustible robado a puntos de almacenamiento clandestino. En algunos casos, incluso se documentó el uso de vehículos oficiales para facilitar la logística de las operaciones ilícitas.

La sentencia representa un avance sustancial en los esfuerzos del Estado mexicano por combatir el “huachicol”, un fenómeno que no solo ha causado graves daños financieros, sino que ha generado violencia, corrupción institucional y deterioro ambiental en diversas regiones del país. Durante años, comunidades enteras han sido afectadas por explosiones de ductos, contaminación de suelos y enfrentamientos armados relacionados con el control del mercado ilegal de combustibles.

Desde la llegada del actual gobierno federal, el combate al robo de combustibles ha sido una prioridad estratégica. A principios del sexenio, se implementó un plan nacional que incluyó el cierre temporal de ductos, la militarización de puntos críticos de Pemex y el rediseño de rutas logísticas para reducir vulnerabilidades. Aunque estas medidas generaron escasez temporal en algunas zonas del país, también lograron disminuir drásticamente los volúmenes robados. Según cifras oficiales, entre 2018 y 2024 el robo de combustibles se redujo en más de un 90%.

No obstante, este caso evidencia que las estructuras de corrupción dentro de Pemex y sus órganos de seguridad no han sido completamente desmanteladas. Organizaciones civiles especializadas en transparencia y combate a la corrupción han señalado la necesidad de reforzar los sistemas de control interno, promover auditorías independientes y establecer mecanismos de protección para denunciantes dentro de las instituciones del Estado. También se ha subrayado la importancia de depurar a fondo las filas castrenses involucradas en funciones civiles y empresariales, particularmente cuando estas implican el manejo de recursos estratégicos.

La sentencia también podría tener implicaciones jurídicas para otros mandos superiores dentro de Pemex y del Ejército Mexicano. Diversas fuentes indican que existen más expedientes abiertos y que en los próximos meses podrían darse nuevas detenciones relacionadas con este caso. La Fiscalía, por su parte, ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a todos los involucrados, sin importar su rango o filiación.

El caso deja en claro la magnitud del reto que representa limpiar las instituciones mexicanas de redes de complicidad entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas. Aunque la sentencia contra estos cinco militares representa una victoria judicial, aún persisten grandes desafíos en términos de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de derecho en sectores tan sensibles como el energético y el castrense.

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