La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes cualquier vínculo entre su administración y el Cártel de Sinaloa, luego de que medios de comunicación y usuarios en redes sociales especularan sobre una supuesta protección gubernamental al boxeador Julio César Chávez Jr., detenido recientemente en Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, la mandataria federal calificó como “narrativas infundadas” los señalamientos que intentan asociar a su gobierno con redes criminales, e insistió en que no existe hasta el momento prueba alguna que involucre a su administración con el crimen organizado. “Cuando hay una acusación, tiene que demostrarse. Y si es penal, debe basarse en pruebas y una orden judicial. Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie”, declaró.

La detención de Chávez Jr., ocurrida en Los Ángeles el pasado 3 de julio, reactivó una carpeta de investigación abierta desde 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR), donde se le señala por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa y por delitos relacionados con el tráfico de armas. La FGR había emitido una orden de aprehensión en su contra en 2023, y el gobierno de México busca ahora su extradición para que enfrente la justicia en territorio nacional.

Ante preguntas sobre la posible existencia de protección política, Sheinbaum afirmó que fue informada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero sobre el estado del proceso, y reiteró que las investigaciones siguen su curso de manera autónoma. “No hay ninguna indicación del gabinete de seguridad, ni de ninguna dependencia federal, que vincule a este gobierno con esos hechos. Todo lo que se diga fuera de la vía judicial carece de sustento”, agregó.

La presidenta también rechazó que el caso sea utilizado como un ataque político contra el proyecto de la Cuarta Transformación. Señaló que detrás de las acusaciones hay un intento por “construir una narrativa” que desprestigie a su administración y genere desconfianza en las instituciones. “Nosotros actuamos con honestidad y de frente al pueblo. No hay complicidad con el narco, ni simulación”, subrayó.

El caso ha generado nuevas tensiones entre México y Estados Unidos en materia de cooperación judicial. El gobierno mexicano expresó su disposición a colaborar en el marco del tratado de extradición vigente, pero también criticó la falta de coordinación con autoridades estadounidenses. Sheinbaum hizo énfasis en que detenciones como la de Chávez Jr. o la de Ovidio Guzmán deben planearse en conjunto, para evitar consecuencias colaterales como episodios de violencia o crisis regionales.

La defensa legal del boxeador, por su parte, ha negado los señalamientos y calificado las acusaciones como un “montaje”. Familiares de Chávez Jr. han declarado que se trata de un proceso lleno de irregularidades y persecución. El boxeador se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se analiza su situación migratoria y judicial.

Más allá de la situación individual del exdeportista, el caso pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder político en México, así como los límites de la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. En un contexto donde la confianza en las instituciones sigue siendo frágil, la reacción del gobierno federal apunta a desmarcarse de cualquier sombra de complicidad, mientras se refuerza el discurso oficial de combate frontal a la corrupción y al crimen.

Con la mirada pública puesta en los próximos pasos legales, el caso de Chávez Jr. no solo tendrá implicaciones judiciales, sino también políticas y diplomáticas. La manera en que se resuelva y se comunique será determinante para el posicionamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a una opinión pública cada vez más atenta a los vínculos entre poder, justicia y crimen organizado.

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