La presidenta reconoce incremento en el delito y presenta estrategia nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una ambiciosa reforma constitucional para enfrentar la extorsión, delito que calificó como uno de los más dañinos y extendidos en el país. Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria presentó una iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta nueva legislación busca homologar los criterios penales en todo el país, permitir la persecución de oficio y facilitar la coordinación entre niveles de gobierno.

Sheinbaum reconoció que, a pesar de los avances en la reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto, la extorsión ha crecido de manera sostenida en los últimos años. De acuerdo con datos oficiales, el delito ha tenido un aumento del 28 % entre 2019 y 2025. La mandataria aceptó que su administración no ha logrado contener este fenómeno, el cual afecta particularmente a pequeños comerciantes, transportistas, productores rurales y comunidades enteras en estados con fuerte presencia del crimen organizado.

La Ley General y el cambio en el enfoque punitivo

La reforma propuesta plantea que el Estado asuma el papel de denunciante, eliminando la necesidad de que las víctimas se expongan ante las autoridades para iniciar un proceso penal. De esta forma, el delito de extorsión sería perseguido de oficio, lo que permitiría una actuación inmediata por parte de las fiscalías. Además, se contemplan agravantes específicas y un catálogo de sanciones uniformes para todos los estados, fortaleciendo así el marco jurídico nacional.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los ejes de la estrategia complementaria a la reforma legislativa. Entre ellos destaca la creación de unidades especializadas en fiscalías estatales, la incorporación del personal de unidades antisecuestro a las investigaciones de extorsión, el bloqueo inmediato de líneas telefónicas utilizadas por grupos criminales, y la posibilidad de congelar cuentas bancarias asociadas a redes de extorsión mediante orden judicial.

Uno de los puntos más relevantes del anuncio fue el operativo permanente en centros penitenciarios para detectar y neutralizar llamadas realizadas desde el interior de las cárceles, donde, según reconocieron las autoridades, se origina una proporción considerable de las extorsiones telefónicas. Las labores de inteligencia se reforzarán en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional de Seguridad, con énfasis en ocho entidades federativas donde se concentra más del 60 % de los casos: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz.

Implicaciones políticas y jurídicas

La propuesta de la presidenta llega en el marco de un paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el nuevo gobierno federal, el cual ha sido presentado como un “Plan Maestro” para revertir la espiral de violencia que afecta al país. A diferencia de administraciones pasadas, Sheinbaum ha insistido en una estrategia que combine inteligencia, prevención y acción judicial, con un fuerte componente legislativo para cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad.

El anuncio ha sido bien recibido en el Congreso, donde se espera que la mayoría oficialista logre los consensos necesarios para su aprobación. No obstante, algunos sectores han expresado reservas sobre la posible afectación a derechos civiles en lo relativo al bloqueo de comunicaciones, el uso de herramientas de inteligencia y la posibilidad de que esta ley derive en abusos si no se establecen controles adecuados.

Desde la oposición, legisladores del PAN y el PRI han señalado que el problema de la extorsión no se resolverá únicamente con reformas legales, sino con una transformación profunda de los cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales en las fiscalías estatales y la depuración de las instituciones penitenciarias. También se ha planteado la necesidad de fortalecer la protección a denunciantes y testigos, así como mecanismos efectivos de reparación del daño.

Una apuesta arriesgada pero necesaria

El gobierno federal ha apostado a que esta ley se convierta en un punto de inflexión en la lucha contra el delito más temido y menos denunciado del país. La reforma se presenta como un intento por reconstruir la confianza ciudadana en el sistema de justicia, romper el círculo de impunidad y debilitar a las organizaciones criminales desde su base económica.

Sin embargo, su éxito dependerá no solo de su aprobación legislativa, sino de la voluntad política de los gobiernos estatales para implementarla, la capacidad operativa de las fiscalías, la colaboración del poder judicial y la disposición de las fuerzas de seguridad para aplicar con rigor y sin excesos las nuevas herramientas legales. El reto es monumental, pero también lo es el daño social que ha causado la extorsión a lo largo del país.

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