Tensión entre el poder ejecutivo y el sector empresarial por violencia de género y evasión fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió públicamente contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de incurrir en comentarios misóginos contra periodistas mexicanas, así como de mantener una millonaria deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La respuesta de la mandataria se produjo en el marco de una creciente polémica en redes sociales, donde Salinas dirigió insultos a las comunicadoras Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser.

Sheinbaum subrayó que, aunque no comparta las posturas políticas de estas periodistas, ninguna mujer debe ser agredida en el debate público. Rechazó lo que calificó como “machismo violento y sistemático” por parte del empresario, e hizo un llamado a la sociedad para cerrar filas frente a los discursos de odio que buscan descalificar a mujeres por su opinión, origen o ideología. En su mensaje, la presidenta denunció que los ataques eran una cortina de humo para desviar la atención sobre un conflicto mayor: el adeudo de más de 74 mil millones de pesos que Grupo Salinas mantiene con el SAT.

El origen del litigio fiscal entre el gobierno y el consorcio empresarial encabezado por Salinas Pliego se remonta a casos que datan desde 2008. De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, se trata de más de 30 juicios activos que involucran a diversas empresas del grupo, principalmente Elektra. En algunos casos, los tribunales ya han emitido fallos favorables al Estado, ordenando pagos parciales. Sin embargo, Salinas Pliego ha insistido en que se trata de un acoso institucional con motivaciones políticas y ha calificado las acciones del SAT como una “extorsión disfrazada de justicia fiscal”.

En respuesta a las declaraciones presidenciales, el empresario redobló su ofensiva en redes sociales, acusando al gobierno de usar causas sociales como el feminismo para golpear políticamente a sus adversarios. Afirmó que Sheinbaum guarda silencio ante otras formas de violencia estructural, como los feminicidios o la violencia contra niñas, y cuestionó la autenticidad de su postura como jefa del Estado. Asimismo, aseguró que la baja audiencia de TV Azteca no justifica los señalamientos sobre su influencia mediática, y denunció un supuesto intento de censura y persecución empresarial.

El conflicto ha escalado más allá del ámbito fiscal y de la arena digital. En el contexto de este enfrentamiento, Grupo Salinas ha presentado demandas contra periodistas por presunto “terrorismo financiero”, lo cual ha sido interpretado como una acción intimidatoria para disuadir la crítica pública. Diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han expresado su preocupación por el tono agresivo de la respuesta empresarial, así como por el uso de recursos legales para silenciar el escrutinio periodístico.

Desde el gobierno federal, la narrativa se mantiene firme: no se trata de una campaña de persecución, sino de la aplicación estricta del estado de derecho frente a quienes históricamente han gozado de impunidad. La presidenta ha asegurado que la ley se aplica sin excepciones, y que no se permitirá que el poder económico se sitúe por encima de la legalidad. A la vez, recalcó la necesidad de erradicar el machismo como herramienta de intimidación y descrédito contra las mujeres en la esfera pública.

Mientras tanto, el litigio continúa su curso en tribunales nacionales e internacionales, con múltiples recursos interpuestos por Grupo Salinas. En paralelo, el debate público sigue girando en torno a los límites entre libertad de expresión, crítica empresarial y respeto a las instituciones. Este caso marca un momento clave en la relación entre el poder político y el poder económico en México, y podría sentar precedentes tanto en materia de justicia fiscal como en la defensa del discurso público libre de violencia de género.

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