México, 3 de octubre de 2025
De qué va la reforma y por qué estalló la polémica
El Senado aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley de Amparo —con cambios al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— y la turnó a la Cámara de Diputados. El dictamen salió con 76 votos a favor y 39 en contra, en medio de críticas de la oposición y de organizaciones civiles que advierten retrocesos en el acceso a la justicia.
El punto más controvertido apareció de último minuto: un artículo transitorio que ordena aplicar la nueva legislación a asuntos ya en trámite, lo que encendió alertas por posible retroactividad prohibida por la Constitución. La reserva fue presentada en el Pleno por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Qué dice el transitorio cuestionado
La redacción incorporada establece que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”. Es decir, que casos ya abiertos se sigan resolviendo con las nuevas reglas. Esto no venía en la iniciativa original y se revirtió lo acordado horas antes en comisiones, cuando se había retirado ese párrafo.
El marco constitucional: el artículo 14
La Constitución es tajante: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. El principio de irretroactividad está reconocido en el artículo 14 y es piedra angular del debido proceso.
La postura de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó del transitorio y pidió respetar la Carta Magna. Subrayó que “en las leyes no puede haber retroactividad” y que su iniciativa no incluía ese agregado. Además, indicó que el tema deberá revisarse en San Lázaro para evitar vulneraciones a derechos adquiridos.
Monreal y la ruta en Diputados
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coincidió con el principio de no retroactividad y anticipó que la Comisión de Justicia analizará el caso “con cuidado”. Ha señalado que una ley secundaria no puede contravenir la Constitución, por lo que el transitorio requiere corrección si se considera inconstitucional.
Qué sí cambia la reforma (más allá del transitorio)
Más allá del conflicto por la retroactividad, el dictamen redefine el interés legítimo: exige que la norma o acto reclamado cause una lesión jurídica real y diferenciada y que la eventual concesión del amparo produzca un beneficio cierto, no hipotético.
También acota suspensiones: no procede si se pretenden actividades sin permisos vigentes, ni para obstaculizar acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera como bloqueos de cuentas por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La reforma además digitaliza el procedimiento, precisa plazos —por ejemplo, 90 días para dictar sentencia en amparo indirecto— y endurece algunas garantías en materia fiscal, como el billete de depósito.
Retroactividad o “aplicación prospectiva”
El senador proponente defendió que no hay violación constitucional porque la ley rige desde su entrada en vigor y no afecta derechos adquiridos; habló de una “precisión” de la naturaleza jurídica del amparo. La oposición, en cambio, considera que se trata de una contradicción directa al artículo 14 y que podría lesionar a personas y colectivos con procesos en curso.
Cronología del debate
- 1 de octubre (noche) – 2 de octubre (madrugada): el Senado aprueba la reforma 76-39 y, casi al final, avala la reserva que incorpora la aplicación a asuntos en trámite.
- 2 de octubre (mañana): Sheinbaum rechaza la retroactividad y pide respeto al artículo 14.
- 2 de octubre (día): Monreal indica que Diputados revisará el tema y que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio.
Lo que está en juego
La discusión enfrenta tres planos:
- Seguridad jurídica de procesos en curso. Aplicar nuevas reglas a casos abiertos puede afectar estrategias procesales, expectativas legítimas y garantías de las partes.
- Equilibrio entre eficacia y derechos. El oficialismo argumenta que se combate el abuso del amparo, especialmente en materia fiscal; críticos alertan sobre barreras para comunidades y causas colectivas.
- Tensión institucional. El diferendo Ejecutivo–Senado–Diputados podría terminar en ajustes legislativos o, si persiste, en control constitucional ante la Suprema Corte.
Escenarios inmediatos en San Lázaro
- Corrección del transitorio. Diputados podrían eliminar o matizar la cláusula para blindar la no retroactividad y preservar que juicios en trámite sigan con la ley vigente al inicio.
- Mantener la redacción actual. De ser así, se abriría un frente de litigios con amparos y eventual acción de inconstitucionalidad, lo que llevaría el tema a la Corte.
Conclusiones
La presidenta marcó línea al rechazar la retroactividad y Diputados ya abrió la puerta a corregir. La discusión de fondo —cómo evitar abusos del amparo sin erosionar el acceso a la justicia— seguirá en el centro del debate. La clave está en compatibilizar las nuevas reglas con el artículo 14 y garantizar que ninguna persona vea perjudicados sus derechos por un cambio de reglas a mitad del camino.
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