Tribunal desecha denuncias sobre presunta manipulación electoral en comicios judiciales

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió no investigar las denuncias sobre la presunta distribución masiva de “acordeones” durante la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio. Estos volantes, que contenían listas de nombres sugeridos para ser votados, fueron denunciados por diversas organizaciones ciudadanas como evidencia de una operación sistemática para manipular el voto ciudadano en la inédita jornada de elección de jueces, magistrados y ministros.

La decisión del TEPJF se basó en que las quejas presentadas no cumplían con el estándar mínimo de elementos probatorios requeridos. La mayoría de los magistrados coincidió en que las denuncias carecían de datos específicos como tiempo, lugar y modo de los hechos. A pesar de estar acompañadas por imágenes, enlaces digitales y notas periodísticas, estos materiales fueron considerados insuficientes para sustentar una investigación formal.

Con una votación mayoritaria de cuatro a uno, la Sala Superior respaldó la conclusión de que no existía base jurídica para ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) una pesquisa adicional. La resolución generó una reacción inmediata dentro y fuera del Tribunal. Mientras la mayoría de los magistrados defendió la postura de actuar con cautela ante denuncias basadas en lo que consideraron rumores o apreciaciones sin verificación directa, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón emitió un voto disidente.

Rodríguez criticó con dureza la decisión y advirtió que el fallo podría establecer un precedente peligroso para la fiscalización electoral. En su opinión, descalificar investigaciones periodísticas como “meras suposiciones” es desconocer el papel fundamental que juega el periodismo de investigación en la vida democrática. “Los medios aportan indicios suficientes para abrir una indagatoria. No pueden ser ignorados bajo el argumento de falta de rigor”, afirmó durante la sesión pública. También acusó que la resolución abría una zona de impunidad en la fiscalización de los nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Las denuncias sobre los acordeones no surgieron de manera aislada. Desde antes de la jornada electoral, diversas organizaciones civiles alertaron sobre brigadas que repartían estos materiales impresos en plazas públicas y colonias populares, muchas veces acompañados de indicaciones directas sobre por quién votar. Reportes recabados por la asociación Proyecto Justicia Común y otras agrupaciones señalaron coincidencias masivas entre los nombres promovidos en los acordeones y los resultados obtenidos en las urnas, especialmente en la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, donde más del 90 % de los votos coincidieron con las listas distribuidas.

A pesar de estas señales de alarma, el TEPJF optó por respaldar la decisión inicial del INE, que ya había desechado una queja por este tema. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del instituto argumentó, en su momento, que las denuncias no presentaban información concreta que permitiera la apertura de un procedimiento sancionador. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), por su parte, continúa analizando posibles vínculos financieros o de propaganda indebida relacionados con los hechos, aunque hasta ahora no ha emitido ninguna resolución definitiva.

Organizaciones como Poder Ciudadano y Defensorxs, así como decenas de ciudadanos, han interpuesto más de 180 recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral, en los que se argumenta una violación generalizada al principio de libertad del sufragio. Estas impugnaciones están en espera de resolución y podrían impactar directamente en la validez de los resultados. De acuerdo con los plazos legales, el Tribunal tiene hasta el 28 de agosto para validar o anular los resultados de la elección de jueces y magistrados, y hasta el 1 de septiembre en el caso de la Suprema Corte.

La negativa a investigar también reavivó el debate sobre los límites entre libertad de expresión, periodismo y responsabilidad electoral. Algunos sectores consideran que desestimar por completo las notas de medios serios y la evidencia testimonial contenida en ellas representa un retroceso en la transparencia institucional. Otros, en cambio, celebran que el Tribunal haya mantenido un enfoque técnico y no haya sucumbido ante lo que consideran una presión mediática sin sustento legal.

A pesar de la resolución de este recurso específico, el caso de los acordeones sigue siendo uno de los más controversiales del actual proceso electoral. La presión social y la acumulación de impugnaciones podrían obligar al Tribunal a revisar su postura en las semanas siguientes, sobre todo si se presentan nuevos elementos que permitan reforzar las sospechas de manipulación sistemática del voto ciudadano.

Mientras tanto, la legitimidad de los cargos electos por voto popular en el Poder Judicial permanecerá bajo escrutinio, marcando un inicio turbio para un modelo de elección que pretendía renovar la relación entre justicia y ciudadanía.

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