Antecedentes del caso

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) resolvió que tres periodistas —Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali— debían ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, al considerar que sus expresiones en el programa La Barra Noticias constituyeron actos de violencia política de género en su vertiente digital y mediática. La decisión se basó en la interpretación de que los comentarios emitidos eran ofensivos, estereotipados y atentaban contra la dignidad de la mandataria.

La resolución del TEEC se enmarca en una tendencia creciente de utilización de la figura de violencia política de género para sancionar discursos críticos hacia figuras públicas, lo que ha generado un amplio debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección de derechos políticos y de género.

Ejecución de la sentencia

Tras interponer recursos de impugnación, los comunicadores vieron confirmada la resolución por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante esta confirmación, se vieron obligados a difundir un video en el que, de manera individual, leyeron textualmente la disculpa impuesta por el tribunal. La redacción del mensaje, de carácter obligatorio, fue diseñada para reconocer el agravio y refrendar el compromiso de no repetir las conductas señaladas.

Este tipo de medidas, aunque amparadas en la ley, han sido cuestionadas por su impacto en el ejercicio periodístico, especialmente cuando provienen de autoridades con las que existe una relación de crítica y escrutinio constante.

Restricciones adicionales a otros medios

En paralelo a este caso, dos juezas de control emitieron resoluciones que prohíben al periodista Jorge González Valdez y al diario Tribuna referirse a la gobernadora Sansores en sus publicaciones. Las medidas incluyen la designación de un funcionario que actúa como censor, revisando previamente cualquier contenido relacionado con la mandataria antes de su difusión.

Estas restricciones han derivado en el cierre temporal de espacios informativos, la imposición de multas y el aumento de la autocensura dentro del gremio periodístico local. Varios reporteros han manifestado temor a enfrentar procesos judiciales similares, lo que ha reducido la cantidad de voces dispuestas a firmar artículos o emitir opiniones críticas.

Reacciones y controversia

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión han calificado estas resoluciones como un precedente preocupante que podría extenderse a otras entidades. Argumentan que, si bien la violencia política de género es un problema real y grave, su aplicación sin criterios claros y con fines punitivos contra periodistas críticos representa un riesgo para la pluralidad informativa y la transparencia gubernamental.

Por su parte, defensores de la resolución sostienen que las críticas hacia figuras políticas, especialmente mujeres, no deben ampararse en la libertad de expresión para reproducir estereotipos o difamaciones que perpetúen formas de discriminación. La disputa, por tanto, se centra en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos políticos de las mujeres y el ejercicio del periodismo crítico.

Implicaciones para el periodismo en Campeche

El caso ha encendido alertas sobre el futuro de la prensa en Campeche y en México. La combinación de sanciones judiciales, disculpas públicas forzadas y censura previa plantea un escenario en el que la crítica política puede verse limitada por mecanismos legales utilizados de forma discrecional. Si esta tendencia se consolida, podría alterar la dinámica de rendición de cuentas y reducir la presión pública sobre el ejercicio gubernamental.

La resolución del TEEC no solo afecta a los comunicadores sancionados, sino que envía un mensaje a toda la comunidad periodística sobre los riesgos de confrontar a las autoridades. En un contexto donde la violencia contra periodistas y los litigios estratégicos contra la participación pública ya son problemáticas documentadas, la decisión marca un nuevo capítulo en las tensiones entre poder político y libertad de prensa en el país.

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