Introducción

El 27 de marzo de 2023, un incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, cobró la vida de 40 migrantes y dejó a 27 más heridos. Este trágico suceso generó una serie de investigaciones y procesos legales, destacando el caso de Francisco Garduño, comisionado del INM, acusado de ejercicio indebido del servicio público por presuntas omisiones que habrían contribuido a la tragedia.

Confirmación de la suspensión del proceso penal

En abril de 2025, un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Ciudad Juárez confirmó la suspensión del proceso penal contra Garduño, permitiéndole continuar en libertad condicional. Esta decisión ratificó la resolución emitida en enero del mismo año por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, quien había concedido la suspensión condicional del proceso a cambio del cumplimiento de ciertas medidas por parte del funcionario.

Condiciones impuestas a Garduño

Para mantener la suspensión del proceso penal, Garduño debe cumplir con varias condiciones durante un periodo de 18 meses:

• Ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familias.
• Implementar un plan de reparación del daño, que incluye la entrega de indemnizaciones y la supervisión de fideicomisos destinados a la atención médica, psicológica y tanatológica de las víctimas.
• Mantener una residencia fija en la Ciudad de México y reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
• Tomar cursos en materia de derechos humanos y protección civil, y presentar las constancias correspondientes al juzgado.
• Visitar cada tres meses los centros de detención migratoria para verificar que cuenten con las medidas de protección civil necesarias y respeten los derechos humanos de los migrantes, enviando informes trimestrales al juzgado.

Controversias y críticas

La decisión de suspender el proceso penal contra Garduño ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes legales de las víctimas. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a varias familias afectadas, impugnó la suspensión, argumentando que se ignoraron las suspensiones provisionales obtenidas por las víctimas y que no se ha llevado a cabo una reparación adecuada del daño.

Además, señalaron que la indemnización pagada por el Estado, autorizada por 300 millones de pesos, no puede atribuirse directamente a Garduño, y que el Estado no debería asumir la responsabilidad financiera en lugar del funcionario acusado.

Reacciones de Garduño

Tras la confirmación de la suspensión del proceso, Garduño declaró que su principal preocupación es la justicia para las víctimas y que está comprometido con el cumplimiento de las condiciones impuestas. Afirmó que ya se han realizado los pagos correspondientes a las víctimas y que está organizando el acto de disculpa pública, previsto para el 16 de abril en Ciudad Juárez.

Conclusiones

La confirmación de la suspensión del proceso penal contra Francisco Garduño ha generado un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en casos de violaciones a los derechos humanos y la eficacia de los mecanismos legales para garantizar la justicia y la reparación a las víctimas. Mientras Garduño continúa en libertad condicional, las familias de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos siguen exigiendo una rendición de cuentas adecuada y medidas que eviten la repetición de tragedias similares.

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