En un contexto de tensiones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha solicitado que cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluida su presidenta Norma Piña, se excusen de participar en la discusión sobre las suspensiones relacionadas con la elección judicial. El TEPJF argumenta que estos ministros han expresado públicamente su postura sobre el tema, lo que podría comprometer su imparcialidad.

Contexto de la reforma judicial

La reforma judicial, promovida por el partido gobernante Morena, propone cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Uno de los puntos más controvertidos es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, una medida que ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes.

En septiembre de 2024, la reforma fue aprobada por el Congreso y se incorporó a la Constitución. Sin embargo, su implementación ha enfrentado obstáculos legales, incluyendo suspensiones otorgadas por juzgados de amparo que han detenido temporalmente el proceso de selección de candidatos.

Intervención del TEPJF y renuncias en el Comité de Evaluación

Ante la parálisis en el proceso de selección, el TEPJF emitió una sentencia que faculta al Senado de la República para asumir las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial, organismo encargado de cribar a los aspirantes a jueces. El Tribunal ordenó al Senado omitir la etapa de revisión de idoneidad de los perfiles y seleccionar mediante sorteo a los candidatos que aparecerán en la boleta de la elección programada para el 1 de junio de 2025.

Horas después de la sentencia, los cinco integrantes del Comité de Evaluación presentaron su renuncia, argumentando que percibían inviable la tarea constitucional que les fue encomendada. Esta situación ha generado críticas y preocupaciones sobre la transparencia y legitimidad del proceso de selección de jueces.

Reacciones de la presidenta Sheinbaum y la SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la decisión del TEPJF y ha minimizado la importancia de las renuncias en el Comité de Evaluación. “Ni modo que siguieran en un comité que ya no tenía sentido”, afirmó. Sheinbaum ha sostenido que la reforma judicial es una norma constitucional y ha criticado a la SCJN por no avanzar en su implementación.

Por su parte, la SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, ha expresado su preocupación por la posible afectación a la independencia judicial que podría derivarse de la reforma. Algunos ministros han señalado que la elección popular de jueces podría politizar la justicia y vulnerar la separación de poderes.

Implicaciones para la independencia judicial y la separación de poderes

La solicitud del TEPJF para que ciertos ministros se abstengan de participar en la discusión sobre la elección judicial plantea interrogantes sobre la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial. La intervención del Senado en el proceso de selección de jueces, sumada a la renuncia del Comité de Evaluación, podría ser percibida como una politización de la justicia y una erosión de la separación de poderes.

Expertos en derecho constitucional advierten que estos movimientos podrían sentar precedentes peligrosos para la democracia mexicana. La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho, y cualquier acción que la debilite podría tener consecuencias a largo plazo para la justicia y la gobernabilidad en el país.

Conclusiones

La situación actual refleja una profunda crisis institucional en México, donde las fronteras entre los poderes del Estado parecen desdibujarse. La reforma judicial, lejos de ser un instrumento para mejorar la justicia, se ha convertido en un foco de conflicto que amenaza con socavar la independencia judicial y la separación de poderes.

Es imperativo que las autoridades mexicanas busquen soluciones que fortalezcan, en lugar de debilitar, las instituciones democráticas. La transparencia, el diálogo y el respeto a la Constitución deben ser los principios rectores en este proceso, para garantizar una justicia imparcial y efectiva para todos los ciudadanos.

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