Aumento drástico en las redadas
El 15 de junio de 2025, el expresidente Donald Trump ordenó a ICE intensificar operativos migratorios en ciudades gobernadas por demócratas —como Los Ángeles, Chicago y Nueva York— con el objetivo de alcanzar hasta 3 000 arrestos diarios, un aumento drástico frente a los aproximadamente 650 por día en los primeros meses de su segundo mandato. Declaró que se trata del “programa de deportación masiva más grande de la historia”, acusando sin pruebas a las autoridades locales de permitir la entrada de inmigrantes para manipular elecciones y expandir el estado de bienestar.
“No Kings”: protestas masivas y despliegue militar
Las redadas han provocado masivas manifestaciones bajo la consigna “No Kings”, que reunieron a millones de personas en más de 2 000 lugares, especialmente en Los Ángeles donde se protestó en las calles, hubo disturbios y se dispuso un toque de queda. El despliegue incluyó unos 2 000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines, a pesar de que las autoridades locales, como el gobernador Gavin Newsom, argumentaron falta de autorización estatal. El caso ha derivado en varias acciones legales.
Militares como apoyo indirecto
Aunque el despliegue militar fue presentado como un respaldo a ICE y para “mantener el orden”, críticos advierten que se cruzan las líneas entre seguridad y política, y algunos señalan que los militares terminaron en funciones operativas, más allá de su mandato constitucional.
Selectividad de enfoque: sectores protegidos
Simultáneamente, la orden excluyó sectores considerados esenciales como agricultura, hoteles y restaurantes, ante advertencias de que perderían mano de obra crítica. Trump y sus asesores, como Stephen Miller, optaron por focalizar las operaciones en centros urbanos demócratas —a los que calificaron como “centros de poder” político— mientras minimizaban impactos en zonas rurales o pro-Trump.
Reacciones y tensiones legales
Gobierno de California (Newsom, Bass): calificó la intervención federal de “invasión violatoria de la soberanía estatal”, presentó demandas y exigió reversión del despliegue militar.
Organizaciones de derechos civiles: alertaron sobre posible uso excesivo de la fuerza, violaciones a la protesta pacífica y detenciones arbitrarias.
Legisladores demócratas: denunciaron uso político de ICE y milicia contra ciudadanos, comparando la acción con medidas autoritarias.
Riesgos e impacto económico
Negocios locales advirtieron caída en el consumo, miedo entre las comunidades inmigrantes y que el turismo se vería afectado. Sectores como el agrícola y el hotelero fueron eximidos, pero se mantiene preocupación por repunte de incertidumbre.
Conclusión
La orden de Trump marca una estrategia radical: redadas intensivas en ciudades demócratas, despliegue militar y denuncia de una “infiltración electoral”. Aunque evita sectores estratégicos, esto intensifica tensiones federales, provoca conflictos entre gobiernos y arriesga derechos civiles. La respuesta en tribunales y en la calle podría definir el rumbo de la política migratoria y de seguridad interna en EE.UU.
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