Una orden polémica en plena preparación electoral
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una orden para que el Departamento de Comercio proceda de inmediato con la elaboración de un nuevo censo nacional que excluya a los migrantes indocumentados del conteo oficial. El anuncio, publicado en su plataforma Truth Social, plantea utilizar “datos modernos y resultados de la elección presidencial de 2024” como base para este censo, que deberá ser “altamente preciso” y, según Trump, no contabilizará a quienes se encuentren en el país “ilegalmente”.
Este anuncio rompe con una tradición constitucional que data de 1790, en la que el censo ha contabilizado a todas las personas residiendo en el territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio. Aunque el siguiente censo oficial está programado para 2030, Trump busca adelantarse con esta nueva medida.
¿Por qué ahora? Contexto político y electoral
La orden se enmarca en una intensa confrontación política por el rediseño de los distritos electorales, en particular en vísperas de las elecciones intermedias de 2026. Al excluir a migrantes indocumentados —son parte de comunidades con alta concentración en estados como California, Texas, Florida y Nueva York—, esta medida podría alterar la redistribución del poder político y los recursos federales. Estados con gran población indocumentada podrían perder representación en la Cámara de Representantes y sufragar menos fondos destinados a educación, salud e infraestructura urbana.
La medida, ciudad por ciudad, no solo incide sobre la distribución de escaños y recursos, sino que llega en un momento en que algunos gobiernos republicanos buscan alterar mapas electorales para favorecer su posición política.
Desafíos legales e históricos
Analistas constitucionales advierten que la iniciativa podría ser inconstitucional. La Constitución exige contar a todas las personas para la asignación de representación, sin distinciones de ciudadanía. Intentos similares en el pasado, como incluir preguntas de ciudadanía en el censo de 2020, fueron bloqueados judicialmente. Esta nueva orden se perfila como un escenario legalmente complejo que muy probablemente derive en impugnaciones y demandas judiciales.
Históricamente, el mandato constitucional ha sido interpretado en favor de contar a todas las personas que residen en EE.UU. Independientemente de su estatus. La propuesta actual por tanto rompe con precedentes de décadas y se enfrenta a una fuerte resistencia legal y política.
Riesgo de exclusión y efectos colaterales
Organizaciones defensoras de derechos civiles han advertido que excluir a migrantes indocumentados podría no solo afectar la equidad política, sino también disuadir a comunidades, incluso las legales, de participar en conteos oficiales por temor a repercusiones legales. Esto podría derivar en una subestimación generalizada de comunidades vulnerables y comprometer la calidad de los datos estadísticos.
Adicionalmente, un conteo parcial podría alterar el acceso a programas sociales, becas, subsidios y planificación urbana, basada en población real y no en estimaciones parciales. Si se cumplen los pronósticos, estados como Texas podrían perder representación en el Congreso y miles de millones de dólares en fondos federales.
Conclusión
La orden de Trump de excluir a migrantes indocumentados del censo es una iniciativa de alto impacto político y simbólico. Busca influir en la redistribución de poder y recursos de cara a elecciones futuras, aunque desafía la constitución y pone en riesgo principios de inclusión y representatividad histórica. Las consecuencias—legales, políticas y sociales—serán objeto de intensos debates en los próximos meses.
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