Un caso que redefine el tratamiento penal de las nuevas generaciones de manifestantes
La vinculación a proceso de cinco jóvenes detenidos durante la llamada Marcha Z —una movilización protagonizada mayoritariamente por integrantes de la Generación Z— vuelve a colocar en el centro del debate la forma en que las autoridades mexicanas están respondiendo a las protestas sociales, especialmente aquellas encabezadas por colectivos juveniles que han adoptado tácticas de confrontación, performance callejero y crítica radical a las instituciones.
Durante la audiencia del viernes, un juez de control determinó procesar a los cinco detenidos por delitos de lesiones dolosas y robo, imponiendo medidas cautelares diferenciadas: cuatro deberán acudir a firmar periódicamente y uno quedó sujeto a prisión preventiva. La resolución marca un nuevo capítulo en un caso ya altamente mediático y acompañado por denuncias de abuso policial, detenciones arbitrarias y excesos en el uso de la fuerza.
La Marcha Z: cómo empezó y por qué terminó en enfrentamientos
El movimiento conocido como Marcha Z surgió como una convocatoria espontánea en redes sociales para protestar contra diversas problemáticas que afectan a jóvenes: violencia policial, precariedad laboral, feminicidios, acceso desigual a la educación y la crisis en el transporte público.
Lo que comenzó como una marcha estudiantil terminó convirtiéndose en una protesta masiva donde confluyeron colectivos feministas, estudiantes de preparatoria, jóvenes trabajadores y usuarios de redes sociales que reclamaban el “hartazgo generalizado” de su generación.
Sin embargo, la movilización escaló rápidamente cuando grupos de jóvenes encapuchados realizaron pintas, rompieron vidrios y sostuvieron forcejeos con agentes de seguridad. La policía respondió con encapsulamientos, detenciones múltiples y uso de fuerza que quedó registrado en videos de asistentes y medios de comunicación.
Las detenciones: del operativo callejero a la audiencia judicial
El día de la marcha fueron detenidas 18 personas. Aunque la Fiscalía capitalina afirmó que las aprehensiones se realizaron “en flagrancia”, organizaciones civiles y abogados defensores denunciaron:
- uso excesivo de fuerza,
- golpes durante la detención,
- incomunicación temporal,
- tentativa de imputar delitos graves sin pruebas claras,
- falsedad en actas policiales y
- fabricación de evidencias.
Tras las primeras audiencias, los detenidos fueron divididos en varios grupos de acuerdo con los delitos que se les atribuyeron:
- 3 personas por tentativa de homicidio,
- 8 por lesiones dolosas,
- 5 por resistencia a particulares,
- 2 por lesiones + robo.
El grupo de cinco adolescentes y jóvenes adultos procesados este viernes forma parte de este último renglón: lesiones y robo.
¿De qué se les acusa exactamente?
La Fiscalía sostiene que los cinco jóvenes:
- agredieron físicamente a elementos de seguridad,
- causaron lesiones a personas presentes durante los enfrentamientos,
- sustrajeron objetos de valor de un comercio que quedó expuesto tras el rompimiento de vidrios durante la protesta.
Los delitos de lesiones dolosas y robo simple no ameritan prisión preventiva automática. Sin embargo, uno de los imputados quedó en reclusión cautelar porque el juez consideró que existía riesgo de incumplimiento de medidas, fuga o reincidencia.
Los otros cuatro podrán enfrentar el proceso en libertad, con firma periódica y la prohibición de acercarse a ciertos puntos y personas involucradas en el caso.
La defensa: “se busca criminalizar la protesta juvenil”
Los abogados defensores y colectivos de derechos humanos han sido contundentes: las detenciones, dicen, son parte de un “patrón sistemático” de criminalización de protestas encabezadas por jóvenes.
Entre sus argumentos destacan:
- varias detenciones se realizaron lejos del sitio de los disturbios,
- algunos imputados no aparecen en los videos difundidos por autoridades,
- existen declaraciones inconsistentes entre policías,
- no se especifica la participación individual de cada joven,
- y hubo presuntos actos de tortura y maltrato físico durante el traslado.
Colectivos universitarios y activistas difundieron testimonios donde los jóvenes narran golpes, amenazas y revisiones corporales realizadas por policías sin justificación ni presencia de testigos civiles.
La postura del Gobierno y la Fiscalía
Para el Gobierno capitalino, la Marcha Z dejó claro que “ciertos grupos buscan generar violencia y caos”, y que la respuesta policial fue necesaria para evitar daños mayores. Funcionarios han insistido en que:
- no se criminaliza la protesta,
- se actúa únicamente contra quienes cometen delitos,
- y la ciudad no puede permitir agresiones contra personas ni destrucción de bienes públicos.
La Fiscalía ha reiterado que cuenta con videos, testimonios y peritajes que acreditan los delitos imputados. También puntualiza que las denuncias de abuso policial serán investigadas, aunque colectivos señalan que dichos procedimientos rara vez avanzan con celeridad.
Generación Z y protesta: un choque cultural con el Estado
Lo ocurrido en la Marcha Z evidencia un fenómeno más profundo: la creciente distancia entre jóvenes —especialmente los nacidos entre 1997 y 2012— y las instituciones públicas.
La Generación Z, acostumbrada a la comunicación inmediata, la organización digital y la crítica abierta, suele interpretar los métodos policiales tradicionales como represivos, anticuados o abusivos.
A su vez, muchas instituciones ven estas protestas juveniles como “radicales”, difíciles de anticipar y con dinámicas impredecibles. La falta de canales formales de diálogo entre jóvenes y autoridades ha provocado que ambos lados se enfrenten en la calle y en los tribunales.
Impacto político y social del caso
La vinculación a proceso de estos cinco jóvenes generó amplias reacciones:
- Universidades reclamaron protocolos más claros para atender protestas estudiantiles.
- Colectivos feministas denunciaron represión selectiva.
- Organizaciones de derechos humanos alertaron por posibles montajes.
- Padres de familia pidieron transparencia absoluta en las investigaciones.
- Gremios empresariales exigieron garantizar la seguridad y frenar daños al comercio.
El caso se ha convertido en un termómetro social: ¿qué tan tolerante es el Estado con las protestas juveniles?, ¿cuándo termina el derecho a manifestarse y comienza el uso legítimo de la fuerza?, ¿cómo evitar abusos policiales sin permitir vandalismo o violencia?
Lo que sigue: 30 días de investigación complementaria
El juez otorgó 30 días naturales para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo:
- la Fiscalía deberá entregar peritajes finales,
- revisar videos de cámaras públicas y privadas,
- acreditar lesiones y daños materiales,
- identificar de manera individual la participación de cada imputado,
- y responder a las denuncias de maltrato policial.
La defensa, por su parte, buscará demostrar que no existe un vínculo directo entre los jóvenes y los actos delictivos imputados. Analizarán videos de redes sociales, rastrearán geolocalizaciones y solicitarán peritajes independientes.
Si al término de los 30 días no se acredita plenamente la responsabilidad, la causa puede modificarse, reclasificarse o incluso sobreseerse.
Referencias
- Informes oficiales sobre detenciones del 1 de noviembre durante la Marcha Z.
- Reportes de la audiencia judicial de vinculación a proceso.
- Comunicados de organizaciones civiles en defensa de los detenidos.
- Declaraciones públicas de la Fiscalía y autoridades capitalinas sobre los delitos imputados.
- Testimonios y denuncias difundidas por colectivos juveniles y estudiantiles.
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