La elección judicial del próximo 1 de junio en México, que permitirá a la ciudadanía elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular, ha generado controversia debido a la influencia del exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Actualmente coordinador de Política y Gobierno en la presidencia de Claudia Sheinbaum, Zaldívar ha sido señalado por promover a 21 personas cercanas a él para ocupar cargos clave en el renovado Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante la etapa de selección de candidatos, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE), en el cual participó Zaldívar, calificó como idóneos 27 perfiles cercanos al exministro. De estos, 22 trabajaron directamente con él y pasaron a la etapa de insaculación. Finalmente, 14 llegaron a la planilla electoral y aspiran a ser ministros en la nueva Corte o magistrados en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que se encargará de investigar y remover a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito a partir de septiembre próximo.
Entre los candidatos destacan Ana María Ibarra Olguín, exdirectora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte durante la administración de Zaldívar; Fabiana Estrada Tena, quien fue su coordinadora general de Asesores; y Gabriel Regis, juez de Distrito señalado en denuncias por presunta manipulación judicial en favor de intereses del gobierno anterior.
Críticos argumentan que esta concentración de poder podría comprometer la independencia del Poder Judicial. El periodista Claudio Ochoa Huerta señala que Zaldívar tendría el control del 60% de los cargos de jueces y magistrados a nivel nacional, y el 50% de la Suprema Corte de Justicia.
Por otro lado, Zaldívar defiende el nuevo sistema de elecciones como una manera de incrementar la transparencia y combatir la corrupción, reforzado por el Tribunal de Disciplina. Afirma que la participación ciudadana es un reto debido a los estrictos lineamientos del INE y sostiene que una baja participación no sería responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Expertos internacionales consideran que uno de los mayores desafíos de la elección judicial es generar el interés y la información necesaria para que la ciudadanía participe. Además, destacan la amenaza de una injerencia del crimen organizado, aunque confían en que existe un blindaje institucional para evitar que lleguen a los cargos.
La elección judicial del 1 de junio representa un cambio significativo en el sistema judicial mexicano, con implicaciones profundas para la independencia y legitimidad del Poder Judicial. La influencia de figuras políticas en la selección de candidatos y la participación ciudadana serán factores determinantes en el éxito de esta reforma.
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