El origen de la iniciativa
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado una reforma a la Ley de Amparo con el objetivo de impedir que jueces otorguen suspensiones que permitan el desbloqueo de cuentas bancarias vinculadas a actividades ilícitas. Esta iniciativa surgió a raíz del caso de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada, quienes lograron que un juez ordenara el descongelamiento de sus cuentas sin que se hubiera resuelto el juicio de fondo.
El caso Gómez Mont y las lagunas del sistema judicial
Inés Gómez Mont y Álvarez Puga están señalados por haber operado esquemas de desvío de recursos dentro del sistema penitenciario federal, mediante contratos simulados y empresas fachada. A pesar de las múltiples acusaciones y órdenes de aprehensión vigentes, un tribunal colegiado ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear sus cuentas bancarias, permitiéndoles recuperar el acceso a millones de pesos. Esta decisión encendió las alertas del Ejecutivo, que acusa a jueces de otorgar suspensiones sin evaluar el contexto completo de las investigaciones.
El anuncio de Sheinbaum y el papel de la UIF
Sheinbaum ha instruido a la consejera jurídica Ernestina Godoy para que trabaje en la reforma, la cual buscaría impedir que las suspensiones provisionales tengan efectos que reviertan acciones de las autoridades, como el congelamiento de cuentas. Además, el titular de la UIF, Pablo Gómez, ha calificado el caso como un ejemplo de cómo las resoluciones judiciales pueden favorecer a quienes están siendo investigados por delitos graves, señalando también posibles actos de corrupción en el Poder Judicial.
Reforma estructural y combate a la impunidad
La reforma propuesta no se limitaría únicamente a la Ley de Amparo. También se estarían considerando ajustes en las leyes de procedimientos judiciales y fiscales para cerrar las vías legales que permiten a los acusados acceder a sus recursos mientras enfrentan cargos penales. Sheinbaum ha enfatizado que la lucha contra la corrupción debe ser frontal y sin excepciones, y que la ley no puede ser utilizada como escudo por quienes buscan evadir la justicia.
Implicaciones políticas y jurídicas
La propuesta ha sido bien recibida por sectores que exigen mayor transparencia y control sobre las resoluciones judiciales, aunque también ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos que advierten sobre los riesgos de limitar el acceso al amparo como herramienta de defensa legal. No obstante, Sheinbaum sostiene que no se busca eliminar el amparo, sino evitar su uso indebido en casos de corrupción y lavado de dinero.
Conclusiones
La reforma a la Ley de Amparo representa un nuevo capítulo en el esfuerzo del gobierno mexicano por fortalecer el combate a la impunidad y cerrar los resquicios legales que permiten a presuntos delincuentes evadir las sanciones. El caso de Inés Gómez Mont se convierte así en un catalizador para replantear el equilibrio entre derechos individuales y la efectividad de la justicia en México.
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