En una escalada de tensiones políticas, el Partido Acción Nacional (PAN) ha denunciado enérgicamente que el gobierno de Morena realizó espionaje político contra miembros de la oposición durante 2023, sin contar con órdenes judiciales, lo cual califica como una violación a derechos fundamentales y un abuso de poder.

Durante una conferencia celebrada en Ciudad de México, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exhibió lo que describió como pruebas contundentes de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ordenó geolocalización y vigilancia telefónica contra figuras opositoras como Santiago Taboada, Alessandra Rojo de la Vega, Lilly Téllez y Santiago Creel. Según Romero, dichas acciones se llevaron a cabo incluso antes de contar con herramientas legales o autorización judicial, y fueron utilizadas para intervenir ilegalmente las comunicaciones de los señalados.

Romero Herrera indicó que algunas fiscalías —como la de Colima— reconocieron posteriormente haber obtenido información sin órdenes válidas y destruyeron los datos luego de que tribunales determinaron su ilegalidad. Sin embargo, recalcaron que la FGJ-CDMX, bajo la administración de Ernestina Godoy, negó inicialmente esas prácticas, hasta verse obligada por mandato judicial a confirmar y eliminar la evidencia recopilada.

Desde el PAN también anunciaron que promoverían un amparo colectivo para proteger a la ciudadanía ante la llamada “Ley de Telecomunicaciones” o “ley espía”, la cual permitiría al Estado espiar comunicaciones sin supervisión judicial. Jorge Romero subrayó que el PAN impulsará la creación de una Comisión Especial encargada de investigar al senador Adán Augusto López Hernández, por su supuesta vinculación indirecta con estas prácticas de espionaje.

El contexto político se agrava con el llamado “caso Adán Augusto”, que mantiene en el centro del debate público al senador y exgobernador de Tabasco. La controversia se centra en su vínculo con Hernán Bermúdez Requena, “El Comandante H”, quien fue jefe de seguridad estatal y es acusado de dirigir a la célula criminal La Barredora, que opera bajo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bermúdez tiene una orden de captura vigente y una ficha roja de Interpol, y fue señalado como prófugo desde principios del año, lo que ha generado una crisis interna para Morena.

El PAN afirma que existen conexiones políticas entre López y Bermúdez, lo que demandaría una investigación formal. El senador morenista, por su parte, ha sido defendido por sus correligionarios, quienes aseguran que no existen acusaciones directas en su contra y que no tuvo conocimiento previo de las actividades criminales de su excolaborador. Claudia Sheinbaum ha declarado que no hay investigaciones abiertas contra López y que este no ha sido incluido en la agenda legislativa pública desde que estalló el escándalo.

En paralelo, Morena ha iniciado una gira electoral encabezada por la secretaria general Luisa María Alcalde, con miras al ciclo electoral de 2027. En medio de la crisis, Alcalde aseguró que dentro del partido “no se encubrirá a nadie, aunque sea militante”, y advirtió que el asunto será llevado hasta las últimas consecuencias por las autoridades competentes. La dirigencia ha apostado a que la movilización territorial ayude a disipar los efectos del escándalo.

El debate también ha alcanzado el ámbito legal y mediático. El PAN ha reclamado que Morena haya solicitado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) retirar un spot publicitario del blanquiazul por considerar que contenía afirmaciones “alarmistas” relacionadas con la llamada “ley espía”, pero la Comisión de Quejas del INE determinó que el contenido está amparado bajo la libertad de expresión.

Analistas y organizaciones civiles han alertado que la falta de controles judiciales y el uso del sistema de inteligencia con fines políticos podría sentar un precedente peligroso. Temen que las reformas impulsadas por Morena, especialmente en telecomunicaciones y seguridad, aviven un mecanismo sistemático de vigilancia encubierta. El PAN, en tono moroso, ha caracterizado al paquete legislativo como una amenaza a la privacidad ciudadana y una consolidación del autoritarismo estatal.

El episodio representa una confrontación frontal entre los dos principales partidos nacionales, y propone interrogantes profundos sobre la vigilancia estatal, el respeto a las libertades civiles y la responsabilidad de los poderes públicos. Mientras la oposición exige explicaciones claras y acciones correctivas, el oficialismo insiste en negar la existencia de espionaje institucionalizado, lo que mantiene la polémica en un nivel alto.

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