En un movimiento que ha desatado fuertes críticas, Nacional Financiera (Nafin) transfirió más de 10 mil millones de pesos de fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial a la Tesorería de la Federación, sin notificación previa ni consulta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esta transferencia ocurre en un contexto de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en medio de acusaciones de debilitamiento institucional.

Los fondos en cuestión estaban destinados a cubrir compromisos laborales, infraestructura, servicios médicos y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Su retiro sin previo aviso ha sido calificado por miembros del CJF como una violación a los contratos establecidos entre ambas instituciones y a las suspensiones judiciales que estaban vigentes para proteger dichos recursos.

Ante este hecho, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, propuso presentar una denuncia formal por desacato y violación de contratos. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del Consejo optaron por una vía más cautelosa, decidiendo solicitar primero informes tanto a Nafin como a la Secretaría de Hacienda para conocer las razones jurídicas y administrativas que motivaron la transferencia.

La preocupación no solo proviene de los altos mandos judiciales. Jueces, magistrados y personal administrativo han manifestado su inconformidad y temor por las posibles afectaciones a sus derechos adquiridos. Desde hace años, los fideicomisos del Poder Judicial han sido utilizados como instrumentos para garantizar la operatividad de tribunales, pensiones complementarias y cobertura de gastos médicos no cubiertos por otras instituciones.

El Consejo de la Judicatura se encuentra ahora evaluando su estrategia legal. A la par, ha comenzado un proceso interno de conciliación y evaluación del impacto de esta transferencia sobre sus responsabilidades y obligaciones con los trabajadores. La controversia vuelve a encender el debate sobre la independencia de los poderes y los mecanismos de control presupuestal que el Gobierno federal ejerce sobre otras instituciones.

Este episodio se suma a una serie de acciones que, según analistas, buscan concentrar el control político y económico en el Ejecutivo, en un contexto de reformas profundas al Poder Judicial impulsadas por el gobierno actual.

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