Contexto y resultados de la elección judicial

El pasado 1 de junio se llevó a cabo la primera elección ciudadana de ministros para las principales instancias del Poder Judicial, con especial atención sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Contrario al proceso tradicional de nombramientos presidenciales, esta elección directa permitió a la ciudadanía expresar su respaldo en procesos organizados por el INE.

El resultado dejó un claro predominio de candidatos vinculados a Morena, con al menos un 80 % de coincidencia entre los nombres promovidos por el partido y los ganadores, lo que ha generado debate sobre la influencia del gobierno en la instrucción judicial.

Argumentos de Sheinbaum sobre la autonomía judicial

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió con firmeza el proceso y los resultados, afirmando que reflejan la “voluntad popular” y fortalecen la democratización del sistema judicial. Dijo que la vinculación de la mayoría de los ganadores con Morena no es evidencia de control político, sino de consenso ciudadano. Según sus declaraciones, si la mayoría del pueblo apoya la Cuarta Transformación, es lógico que los electores respalden a quienes representan ese proyecto político.

Sheinbaum también cuestionó a partidos de oposición, principalmente PAN y PRI, por su escasa participación electoral. Señaló que su estrategia de “llamar a no votar” favoreció naturalmente a quienes sí promovían sus candidaturas, subrayando que para que exista equilibrio, era imprescindible que la ciudadanía respaldara activamente otras opciones.

Críticas por uso de materiales proselitistas

Uno de los puntos más controvertidos fueron los conocidos como “acordeones”: pequeñas listas con los nombres de candidatos oficialistas distribuidos en casillas, utilizados para guiar el voto. El INE reconoció irregularidades en alrededor del 80 % de las casillas, donde se encontraron votos en listas claramente pro-Morena, además de urnas con más sufragios que votantes registrados. Sin embargo, el Instituto validó los resultados, concluyendo que esas prácticas no determinaron el resultado final.

Implicaciones institucionales y equilibrio de poderes

Con la elección judicial completada, Morena consolida su presencia no solo en el Ejecutivo y Legislativo, sino ahora también en el Judicial, lo que redefine el sistema de revisión y contrapesos en México. Sheinbaum advirtió que este cambio no implica subordinación, sino un nuevo equilibrio en el que el pueblo tiene derecho a elegir a sus jueces.

No obstante, organizaciones civiles y juristas advierten que este modelo puede socavar la independencia judicial. Aun con resultados respaldados por el INE, no se descarta que en el futuro dicha percepción genere fricciones entre los poderes del Estado.

Propuesta de vestimenta cultural marcha junto al cambio judicial

Paralelamente a la elección judicial, el Senado impulsó una reforma para eliminar la toga obligatoria en la SCJN, vigente desde 1941, y permitir que sus ministros asistan con atuendos tradicionales o trajes nacionales. Esta iniciativa surgió tras la elección como presidente de la Corte de Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena de origen mixteco, quien anunció que portará un traje típico en lugar de la toga, como un símbolo de inclusión y respeto cultural.

En conferencia, Sheinbaum avaló la propuesta y cuestionó simbolismos elitistas, preguntando: “¿Qué tiene de malo eso?” para referirse al cambio de vestimenta indígena por la toga de gala. La reforma, impulsada por senadores de Morena y el Partido Verde, argumenta que la medida representa un paso hacia la pluralidad y la cercanía de la Corte con las comunidades originarias.

Retos y expectativas

La elección judicial ha abierto un nuevo modelo de legitimidad democrática, aunque está por verse si logrará fortalecer un Poder Judicial independiente y profesional. La reforma sobre la toga simboliza una vocación intercultural en los espacios de poder, pero también genera interrogantes sobre el respeto a normas protocolares, precedentes y la percepción de autoridad institucional.

De cara al futuro, el desafío será traducir este enfoque participativo y culturalmente inclusivo en una justicia efectiva, imparcial y capaz de actuar como garante del Estado de derecho, sin perder autonomía frente al Ejecutivo.

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