Ciudad de México.— A escasos días de la entrada en vigor de un arancel del 30 % a las exportaciones mexicanas, el gobierno federal considera que ha cumplido con todos los compromisos exigidos por Estados Unidos. La decisión final recae ahora sobre la administración del presidente Donald Trump, quien ha planteado la medida como parte de una estrategia para contener la migración, frenar el tráfico de fentanilo y proteger el mercado laboral estadounidense.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México ha agotado todos los canales diplomáticos disponibles para evitar la aplicación de los aranceles, prevista para el 1 de agosto. En conferencia de prensa, Ebrard describió las negociaciones como complejas y tensas, pero sostuvo que el país ha actuado con responsabilidad y transparencia. Recalcó que más del 80 % del comercio bilateral ya opera sin aranceles bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), y expresó su confianza en que se alcanzará un acuerdo que permita mantener ese marco.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que una delegación mexicana se trasladó a Washington para presentar un plan integral que contempla compromisos en materia de comercio, seguridad fronteriza y migración. La mandataria afirmó que su gobierno mantiene una posición firme, sin recurrir a amenazas ni provocaciones, pero con plena disposición a dialogar y cooperar. Sheinbaum manifestó que el objetivo es alcanzar “un buen acuerdo” antes de que los aranceles entren en vigor y advirtió que México está preparado para enfrentar distintos escenarios.

El proceso de negociaciones ha estado marcado por altibajos desde el mes de febrero, cuando el gobierno estadounidense anunció un paquete de medidas proteccionistas que incluye aranceles diferenciados para México y Canadá. En ese momento, México logró una suspensión temporal de 30 días tras comprometerse a reforzar la vigilancia en su frontera norte con un despliegue extraordinario de la Guardia Nacional. Sin embargo, al no alcanzarse un consenso estructural, los aranceles fueron restablecidos semanas después, desencadenando una nueva ronda de consultas bilaterales.

La preocupación se ha extendido al sector empresarial y a organismos multilaterales. Cámaras industriales han advertido que la aplicación del arancel podría tener efectos devastadores en sectores estratégicos como el automotriz, agroalimentario y tecnológico, con riesgos reales de contracción económica. Algunas proyecciones estiman una caída del PIB de hasta cuatro puntos porcentuales en caso de que la medida se mantenga por más de seis meses. Las principales zonas de manufactura en el norte del país ya enfrentan una desaceleración en la recepción de insumos y órdenes de exportación.

En respuesta, el gobierno ha comenzado a perfilar una estrategia de diversificación bajo el nombre informal de “Plan México”, orientada a fortalecer la producción nacional, impulsar cadenas de valor internas y reducir la dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos. Aunque no se ha presentado de forma oficial, funcionarios de la Secretaría de Economía han adelantado que incluirá incentivos fiscales, inversión en infraestructura logística y acuerdos comerciales con países de Asia y Europa.

Al interior del país, la administración ha optado por mantener un discurso prudente, evitando confrontaciones públicas. Tanto Ebrard como Sheinbaum han insistido en que México no desea una guerra comercial, pero tampoco aceptará medidas que atenten contra su soberanía o su dignidad. En paralelo, diversas voces del ámbito político y empresarial han pedido unidad nacional ante lo que consideran una ofensiva injustificada desde Washington.

Analistas internacionales han interpretado la maniobra de Trump como una herramienta electoral con fines populistas. Argumentan que la imposición de aranceles no responde únicamente a razones económicas o de seguridad, sino a un intento de consolidar su base política de cara al ciclo electoral estadounidense de 2026. Advierten que el uso del comercio como arma diplomática podría debilitar la credibilidad de Estados Unidos como socio confiable y aumentar la incertidumbre global.

En las próximas horas, se espera una resolución formal por parte de la Casa Blanca. México permanece a la expectativa, con la esperanza de evitar una crisis comercial que podría alterar el equilibrio económico de América del Norte. Mientras tanto, el sector privado y la sociedad civil observan con atención las decisiones que definan el rumbo de una de las relaciones comerciales más importantes del hemisferio occidental.

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