El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado oficialmente que no buscará la pena de muerte en los casos de los capos mexicanos a quienes recientemente extraditó: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. La decisión marca un cambio relevante en la estrategia legal, abriendo la posibilidad de acuerdos judiciales con los acusados y dando un paso hacia una resolución más rápida.

En documentos enviados al juez Brian M. Cogan, los fiscales responsables del caso señalaron que la fiscal general, Pam Bondi, autorizó expresamente la eliminación de la pena capital como sanción potencial. El anuncio también mencionó explícitamente que el planteamiento se extiende a todos estos acusados en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, donde enfrentan una amplia gama de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, asesinatos y secuestro.

Tanto Zambada como Caro Quintero, quienes se encuentran en sus setenta años, han declarado no culpables. No obstante, sus defensas han expresado apertura a negociar acuerdos de culpabilidad, siempre y cuando la pena capital se mantenga fuera del escenario judicial. El abogado de Zambada, Frank Pérez, calificó la decisión como “un paso crucial” hacia una resolución justa. Por su parte, la defensa de Caro Quintero expresó su disposición a cerrar el caso rápidamente y con transparencia, en beneficio de todas las partes involucradas.

La extradición de Caro Quintero se realizó en febrero de 2025, como parte de un operativo que incluyó a otros 28 presuntos criminales de alto perfil. Previamente, se había considerado la imposición de pena de muerte contra varios de los implicados, incluyendo a Caro Quintero y El Mayo, dados los graves cargos y el impacto histórico de sus acciones en ambos lados de la frontera estadounidense.

Caro Quintero, cofundador del extinto cártel de Guadalajara y uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, enfrenta también cargos por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. En contraste, Zambada es señalado como uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa y es acusado de encabezar operaciones de alto nivel criminal, incluyendo homicidios sistemáticos y tráfico masivo de drogas.

La decisión del gobierno estadounidense se interpreta como parte de un cambio de estrategia procesal, donde se prioriza la colaboración y el desmontaje de estructuras criminales a través de acuerdos judiciales efectivos, en lugar de aplicar sanciones extremas que podrían prolongar los procesos y limitar acuerdos.

En paralelo, también se informó que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no enfrentará la pena de muerte si es encontrado culpable de cargos por narcotráfico. Este anuncio reforzó la tendencia actual en casos de capos de alto nivel encarcelados en Estados Unidos: evitar la pena capital como mecanismo de presión legal y negociación.

Diversos analistas legales y defensores de derechos humanos han visto con optimismo esta decisión. La estrategia podría facilitar procedimientos más ágiles y colaborativos, evitando recursos prolongados, reduciendo costos judiciales y posibilitando que el sistema obtenga información clave sobre redes criminales a cambio de cargos más limitados.

El panorama judicial en torno a estos juicios ha evolucionado rápidamente desde la entrega de los imputados y su arraigo en el sistema penal federal. La expectativa ahora se centra en si estas decisiones derivarán efectivamente en acuerdos de culpabilidad que trasciendan los tribunales y propicien cooperación para desmantelar organizaciones criminales de gran escala.

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