La decisión unánime del Consejo General
El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por unanimidad rechazar la solicitud presentada por Morena y otros actores políticos para abrir un procedimiento en contra de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y lavado de dinero durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).
El proyecto de resolución, discutido el 21 de agosto de 2025, estableció que los elementos presentados en la denuncia carecían de sustento jurídico suficiente para acreditar violaciones a la legislación electoral. Con esta decisión, el caso queda archivado en sede administrativa electoral, aunque aún puede ser retomado en otros ámbitos jurisdiccionales.
Los señalamientos en contra
La denuncia se sustentaba en la presunta acumulación irregular de propiedades, vehículos de lujo y obras inmobiliarias vinculadas al patrimonio de Moreno. Morena argumentó que tales recursos podrían haber sido utilizados para financiar indebidamente al PRI, lo que configuraría aportaciones ilegales al partido político.
Los denunciantes también mencionaron audios difundidos en 2022, en los que supuestamente el dirigente priista negociaba recursos con fines políticos. No obstante, el INE desestimó esos materiales al considerar que carecían de autenticidad probada y que no existía una conexión directa con el financiamiento de campañas.
Fundamentos de la resolución
Durante la sesión, los consejeros coincidieron en que la carga de la prueba no fue satisfecha. La autoridad electoral subrayó tres puntos clave:
- Ausencia de trazabilidad financiera: no se acreditó vínculo entre el patrimonio de Moreno y recursos aplicados en campañas o actividades partidistas.
- Limitaciones del ámbito electoral: varios señalamientos corresponden a posibles delitos del fuero común o federal, que deben ser investigados por fiscalías y no por el INE.
- Carencia de pruebas documentales: las acusaciones se basaron en notas periodísticas y declaraciones públicas sin respaldo contable o bancario verificable.
Con este razonamiento, el Consejo General concluyó que no existía materia para abrir un procedimiento sancionador.
Reacciones políticas encontradas
La decisión generó una ola de reacciones. Desde Morena, legisladores acusaron al INE de actuar como “cómplice” de la corrupción y de blindar políticamente al dirigente priista. En contraste, el propio Alejandro Moreno celebró la resolución como una victoria frente a lo que calificó como una “persecución política” en su contra.
En el PRI, la dirigencia nacional respaldó a su líder y aseguró que la resolución confirma que no existen pruebas que lo involucren en actos ilícitos. Analistas políticos, sin embargo, señalaron que la decisión no equivale a una absolución judicial, sino a un límite competencial del INE.
Implicaciones para el sistema político
La resolución fortalece temporalmente a Moreno dentro del PRI, en un momento en el que el partido busca reposicionarse como oposición relevante frente al gobierno federal. Sin embargo, también revive cuestionamientos sobre la eficacia de las instituciones para combatir prácticas de enriquecimiento irregular y financiamiento ilícito.
El caso deja entrever las limitaciones del INE para actuar frente a acusaciones de corrupción que trascienden lo estrictamente electoral. En ese sentido, el desenlace podría reavivar debates sobre la necesidad de mecanismos más sólidos de cooperación entre autoridades administrativas y fiscales.
Conclusión
La negativa del INE a investigar a “Alito” Moreno representa un episodio más en la compleja relación entre instituciones electorales y actores políticos de alto perfil. Mientras sus críticos interpretan la decisión como un signo de impunidad, sus defensores la consideran una muestra de respeto a la legalidad y a las competencias de cada autoridad.
Lo cierto es que el caso refuerza una paradoja: las acusaciones de corrupción de alto impacto suelen tener un fuerte eco en la opinión pública, pero sin pruebas sólidas y rutas institucionales claras, difícilmente se traducen en sanciones efectivas.
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