Red criminal millonaria
La Fiscalía de Michoacán informó que una organización criminal vinculada al CJNG obtenía hasta 18 mil millones de pesos al año mediante extorsiones a productores de aguacate y limón, además de cobros de piso a comerciantes, proveedores y transportistas. La red estaría relacionada con el entorno criminal señalado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
De acuerdo con los reportes, las autoridades identifican a esta estructura como una red que no sólo obtenía dinero mediante amenazas directas, sino que controlaba partes de la cadena productiva: producción, empaque, traslado y comercialización. Ese tipo de extorsión convierte actividades legales en economías capturadas por el crimen organizado.
Aguacate, limón y cobro de piso
La extorsión en Michoacán golpea sectores clave. El aguacate es una de las exportaciones agrícolas más importantes de México hacia Estados Unidos, mientras el limón sostiene miles de empleos locales. Cuando el crimen cobra por cosechar, empacar, vender o transportar, el impacto llega a productores, consumidores y mercados internacionales.
El gobierno federal ya había anunciado protección directa a sectores productivos de Michoacán, particularmente aguacateros, limoneros, empacadores, comerciantes y empresarios. La medida buscaba contener la extorsión y reforzar la seguridad en regiones donde grupos criminales presionan a comunidades enteras.
El negocio del miedo
Los 18 mil millones de pesos estimados muestran que la extorsión no es un delito menor ni un problema aislado. Es una fuente de financiamiento criminal de escala empresarial. En lugar de producir, los grupos cobran por permitir que otros trabajen.
Ese modelo también explica por qué la violencia no se limita a enfrentamientos armados. La amenaza puede estar en el precio del limón, en la ruta del camión, en la cuota de la empacadora o en la orden de no vender a ciertos compradores.
Michoacán bajo presión
La detención de operadores criminales y el despliegue de fuerzas federales pueden reducir ataques inmediatos, pero la red de extorsión requiere algo más profundo: investigación financiera, protección real a denunciantes, vigilancia de rutas y castigo a autoridades coludidas.
Michoacán no sólo enfrenta grupos armados. Enfrenta una economía paralela donde el crimen gana millones exprimiendo a quienes producen, comercian y transportan.
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