Washington, 3 de octubre de 2025
La notificación al Congreso
El expresidente y actual candidato republicano Donald Trump notificó formalmente al Congreso de Estados Unidos que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra ciertos cárteles de la droga, una declaración que busca otorgar fundamento legal a operaciones militares fuera del territorio estadounidense.
Con esta medida, la Casa Blanca pretende justificar acciones ofensivas en el Caribe y en zonas de tránsito marítimo, bajo el argumento de que los grupos del narcotráfico han expandido sus operaciones más allá de México y Centroamérica, alcanzando rutas hacia Estados Unidos y Europa.
El trasfondo político y electoral
La decisión llega en un momento clave del proceso electoral en Estados Unidos, donde Trump ha colocado la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico en el centro de su campaña. Al elevar el combate contra los cárteles al nivel de “conflicto armado”, el republicano refuerza su discurso de “mano dura” y busca diferenciarse de la política más diplomática de la administración anterior.
Este movimiento también responde a presiones internas: sectores conservadores y legisladores republicanos llevan años pidiendo la designación de los cárteles como organizaciones terroristas internacionales, lo que abriría la puerta a una participación más activa de las fuerzas armadas.
Implicaciones legales
La notificación al Congreso implica que el Ejecutivo podría actuar bajo el marco de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), utilizada en el pasado para operaciones contra Al Qaeda y el Estado Islámico. Esta reinterpretación permitiría extender acciones militares hacia el Caribe y posiblemente América Latina, siempre que se justifique la conexión con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Especialistas en derecho internacional han advertido que esta declaración puede tensionar los principios de soberanía de países vecinos, pues otorga a Washington un margen más amplio para actuar de manera unilateral.
Reacciones en México y la región
En México, la noticia generó preocupación. Legisladores de diversos partidos calificaron la declaración como un riesgo para la soberanía nacional, pues podría traducirse en operativos armados unilaterales en territorio mexicano o en aguas internacionales cercanas. El gobierno mexicano reiteró que el combate al narcotráfico debe realizarse en el marco de la cooperación bilateral y no mediante imposiciones militares.
En el Caribe y en Centroamérica, gobiernos locales expresaron inquietud ante la posibilidad de que sus aguas territoriales sean escenario de operaciones militares estadounidenses, lo que podría incrementar la violencia y las tensiones regionales.
Posible escalada de violencia
Analistas de seguridad han advertido que al catalogar a los cárteles como un enemigo armado, se abre la puerta a que las acciones militares sean respondidas con mayor violencia por parte de las organizaciones criminales. Además, existe el riesgo de que estas medidas aumenten los conflictos locales en lugar de debilitarlos, como sucedió en experiencias pasadas de militarización.
Reacciones internacionales
Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por el anuncio de Trump, advirtiendo que la declaración de un “conflicto armado” contra grupos criminales puede derivar en violaciones a los derechos humanos y en la utilización de la fuerza militar sin un marco de proporcionalidad.
Europa, por su parte, ha mostrado cautela. Países aliados de Washington han pedido que cualquier acción en el Caribe o América Latina se realice en coordinación con los gobiernos locales y bajo estándares internacionales.
Conclusiones
La declaración de Trump marca un nuevo capítulo en la política antidrogas de Estados Unidos. Aunque busca otorgar legitimidad legal a operaciones militares contra cárteles, también plantea serias tensiones diplomáticas y riesgos de escalada de violencia en la región.
El futuro de esta estrategia dependerá de la reacción del Congreso estadounidense y de la capacidad de México y otros países de la región para negociar un marco de cooperación que evite la imposición unilateral de medidas militares que podrían desestabilizar aún más la zona.
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