Introducción

La propuesta de incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y tabaco ha generado una fuerte reacción entre los pequeños comerciantes del país. Según asociaciones del sector, esta medida —que podría aprobarse en el Senado dentro del paquete fiscal de 2026— tendría un impacto negativo directo en las ventas de miles de tienditas, mercados y puestos ambulantes, afectando gravemente a uno de los segmentos más vulnerables del comercio nacional.
De acuerdo con estimaciones de la Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño), las ventas podrían caer entre 10 % y 15 %, lo que representaría un golpe severo para los cerca de 200 000 establecimientos que dependen en gran parte de la venta de productos de alto consumo como refrescos y cigarros.

Contexto de la medida fiscal

El incremento del IEPS forma parte de una estrategia del gobierno para aumentar la recaudación y desalentar el consumo de productos nocivos para la salud. Sin embargo, su aplicación ha generado preocupación entre los comerciantes minoristas, quienes sostienen que los aumentos impositivos no consideran la realidad económica de las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales apenas logran subsistir tras los efectos de la pandemia y la inflación acumulada.

El IEPS se aplica actualmente sobre bebidas azucaradas, tabacos, alcoholes, combustibles y otros productos específicos. En esta ocasión, la propuesta contempla:

• Un aumento del 30 % al impuesto sobre refrescos.
• Un incremento del 200 % al impuesto sobre cigarros.

Para los legisladores que respaldan la medida, el objetivo es desincentivar el consumo de productos dañinos y fortalecer los ingresos fiscales del Estado; sin embargo, para los comerciantes, este tipo de incrementos pueden afectar la estabilidad de miles de pequeños negocios familiares.

Impacto económico en los pequeños comercios

El presidente de ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López Becerra, advirtió que el aumento de impuestos sobre refrescos y tabaco pone en riesgo la supervivencia de más de 200 000 tienditas que actualmente operan al borde de la rentabilidad. Estas microempresas, muchas ubicadas en colonias populares y comunidades rurales, dependen de productos de alta rotación y bajo margen como los refrescos embotellados, botanas y cigarros.
Un alza en los precios derivada del impuesto reduce de inmediato la demanda, pues los consumidores optan por alternativas más baratas o por el comercio informal.

Los cálculos del sector indican que, de aprobarse la medida, el impacto global podría extenderse a más de 1.2 millones de establecimientos, incluyendo misceláneas, abarrotes, puestos de mercado y tiendas semifijas.
Además, se advierte que la cadena de afectaciones podría alcanzar a los proveedores y distribuidores, dado que la reducción en los volúmenes de venta implicaría menos pedidos y menor flujo en toda la red comercial.

Riesgo de aumento en la informalidad

Otro de los efectos esperados es el crecimiento del comercio informal y del contrabando, especialmente en el mercado de cigarros.
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), entre 2017 y 2023 el comercio ilegal de cigarros aumentó un 240 % en México, impulsado por la diferencia de precios entre productos legales y de contrabando. Con un incremento fiscal del 200 %, los representantes del sector estiman que esta brecha se ampliará todavía más, incentivando la venta de cigarros sin control sanitario ni fiscal.

El dirigente López Becerra advirtió que la medida puede ser contraproducente: al aumentar los precios, el consumo no necesariamente disminuye, sino que se desplaza hacia canales ilegales, donde los consumidores buscan precios más bajos.
Esto podría traducirse, paradójicamente, en menores ingresos fiscales y pérdida de empleo formal, además de un aumento de la informalidad en calles y tianguis.

Voces del sector y críticas a la iniciativa

El Movimiento Nacional del Comercio Social (Monacoso) y la Asociación Nacional de Abarroteros y Pequeños Comerciantes también expresaron su rechazo a la propuesta, señalando que los pequeños negocios se encuentran en una situación precaria.
César Ríos Sánchez, representante empresarial, criticó la contradicción entre el discurso gubernamental de promover la formalización de los negocios y la adopción de políticas fiscales que, en la práctica, dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por su parte, Alberto Vargas Lucio, vocero del Monacoso, señaló que cerca de 50 000 puestos en mercados y tianguis dedicados a la venta de abarrotes, botanas y bebidas se verán particularmente afectados. “Estos comercios apenas cubren sus gastos fijos; un aumento de impuestos podría ser el golpe final para muchos de ellos”, afirmó.

Los empresarios sostienen que, si bien reconocen la necesidad de fortalecer la recaudación, la estrategia debe ser gradual y acompañarse de medidas de compensación o estímulos fiscales que ayuden a los pequeños negocios a adaptarse a los cambios.

Argumentos del gobierno y visión sanitaria

Desde el punto de vista del gobierno federal, el incremento del IEPS forma parte de una política de salud pública que busca reducir el consumo de productos que generan enfermedades crónicas. La Secretaría de Hacienda ha defendido que el aumento se justifica por el alto costo sanitario del consumo de bebidas azucaradas y tabaco, que representan una carga creciente para el sistema de salud pública.

Diversos organismos de salud respaldan la medida, argumentando que el consumo de refrescos en México es uno de los más altos del mundo y se asocia con la obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. En tanto, el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muertes evitables en el país.
No obstante, los comerciantes insisten en que el problema de salud pública no debe resolverse a costa de las microempresas, que emplean a millones de mexicanos y cumplen un papel social esencial en las comunidades.

Posibles alternativas y escenarios

Expertos en economía y política fiscal han planteado opciones intermedias para minimizar el impacto en los pequeños negocios:

• Aplicación gradual del impuesto, permitiendo a los comercios adaptarse a la nueva estructura de precios.
• Exenciones parciales o estímulos temporales para las microempresas registradas formalmente.
• Campañas de sustitución responsable, que incentiven el consumo de productos saludables sin eliminar de golpe la oferta tradicional.
• Mayor fiscalización del contrabando, para evitar que el mercado informal se expanda a raíz del incremento impositivo.

Estas medidas, señalan los analistas, permitirían equilibrar los objetivos de salud pública y recaudación sin sacrificar la viabilidad de miles de pequeños negocios familiares.

Conclusión

El aumento del IEPS sobre refrescos y tabaco plantea un dilema entre la salud pública y la supervivencia del comercio minorista.
Mientras las autoridades defienden la medida como un instrumento para reducir el consumo de productos dañinos y fortalecer la recaudación, los pequeños comerciantes la perciben como una amenaza directa a su subsistencia.
De aprobarse sin ajustes, el impacto podría reflejarse en una contracción significativa del sector, aumento de la informalidad y menor recaudación efectiva.
El reto del gobierno será encontrar un equilibrio entre los fines sanitarios y la protección del empleo y la economía local, evitando que la política fiscal termine castigando a quienes menos margen tienen para absorber nuevos costos.

Referencias

• El Financiero: “Aumentos al IEPS pegarán a microtiendas y mercados populares”, 18 oct 2025.
• Milenio: “Prevén caída de 15 % en ventas por nuevos impuestos a refrescos y tabaco”, 20 oct 2025.
• Reforma: “Tienditas en riesgo por incremento al IEPS; sector advierte pérdida de miles de empleos”, 21 oct 2025.
• Instituto Nacional de Salud Pública: “Evolución del comercio ilegal de cigarros en México 2017-2023”, 2024.
• El Universal: “Pequeños comercios rechazan alza al IEPS: ‘Nos obligan a cerrar’”, 21 oct 2025.

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