Movilización masiva tras el asesinato del alcalde
La muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre de 2025, detonó una de las mayores expresiones de protesta en la historia reciente del estado de Michoacán. Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y ciudadanos de Uruapan y la capital estatal, Morelia, salieron a las calles para exigir justicia, el cese de la impunidad y un cambio efectivo en la estrategia de seguridad pública.
En Uruapan, desde avenidas centrales como Lázaro Cárdenas partieron contingentes con pancartas, moños negros y consignas como “¡Carlos no murió, el Gobierno lo mató!”. Más de dos mil jóvenes encabezaron la marcha que avanzó por el centro de la ciudad, deteniendo parcialmente el tráfico, con suspensión de clases en varias escuelas. En Morelia, la protesta se intensificó la tarde del domingo: desde la Plaza María Morelos caminó un bloque rumbo a la Catedral, culminando en actos de vandalismo contra el edificio del Palacio de Gobierno estatal, con rompimiento de cristales, pintas y lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la policía.
Reivindicaciones, signos de indignación y demandas al gobierno
Los manifestantes dejaron claro que su exigencia no se limitaba al esclarecimiento del homicidio de Manzo, sino que ponían al centro la exigencia de seguridad, justicia y rendición de cuentas del gobierno estatal. Entre las consignas se escucharon: “¡Ya basta de abusos y omisiones!”, “Justicia para Manzo” y “Basta de tanto crimen”. En Morelia el contingente también coreó críticas hacia el partido gobernante local y la dirigencia estatal, acusando complicidad o negligencia frente a la violencia.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció la protesta como legítima y afirmó que su administración trabaja en el esclarecimiento del crimen, aunque medios locales destacaron que la movilización se había visto permeada por supuestos infiltrados de partidos de oposición para “capitalizar la indignación”. Varios alumnos señalan que la movilización tuvo un carácter genuino de jóvenes hartos de la inseguridad, pero que también fue aprovechada políticamente.
Símbolos, tensiones y escalada de la protesta
La movilización cobró una dimensión simbólica: los estudiantes suspendieron clases, se convocaron bloqueos carreteros en comunidades rurales cercanas y se lanzó la convocatoria de una gran marcha nacional para el 15 de noviembre, con participación prevista en la Ciudad de México y otras entidades. En Morelia, la irrupción al Palacio de Gobierno fue un momento crítico: al caer la tarde, decenas de jóvenes forzaron la puerta principal, vandalizaron mobiliario y pintaron consignas en las paredes. La Secretaría de Seguridad reportó detenciones y aperturó carpetas de investigación contra los responsables.
Las protestas fueron cubiertas ampliamente por medios nacionales e internacionales como un nuevo capítulo del desgaste del Estado ante la violencia criminal, y en particular del reto que representa atender y contener la exigencia ciudadana de justicia para autoridades locales asesinadas.
Impacto político y social
La manifestación masiva rompe con la dinámica usual de protesta local al congregar a estudiantes, sociedad civil y comunidades rurales en un reclamo común, lo que envía un mensaje no sólo a las autoridades estatales, sino al gobierno federal. La exigencia incluye no sólo respuestas inmediatas al crimen de Manzo, sino reformas estructurales en seguridad pública, combate a la corrupción, protección de alcaldes y funcionarios, y programas de prevención de violencia.
Además, la protesta deja ver un estado de ánimo social muy deteriorado en Michoacán, donde los ciudadanos ya no solo piden ser protegidos, sino que señalan que las instituciones los defraudan: los jóvenes marchantes afirmaron que protagonistas de la protesta están “hastiados del gobierno y de la impunidad”.
Conclusiones
Las marchas en Uruapan y Morelia tras el asesinato de Carlos Manzo representan una demanda social amplia que va más allá del homicidio: es un clamor por la justicia, la seguridad eficaz y la rendición de cuentas. Su magnitud y visibilidad ponen bajo presión al gobierno estatal y federal para entregar resultados concretos, no únicamente en la investigación, sino en la transformación del sistema de seguridad pública.
El desafío ahora no solo es castigar al autor del crimen, sino responder al malestar profundo de una ciudadanía que ha visto repetirse víctimas entre autoridades municipales y se siente abandonada ante la persistencia de la violencia organizada.
Referencias
– “Estudiantes de Morelia y Uruapan marchan para exigir justicia tras asesinato de Carlos Manzo”, El Financiero.
– “Michoacán marcha por justicia tras el crimen de Carlos Manzo; estudiantes exigen paz y justicia”, SinEmbargo.
– “Ciudadanos de Michoacán, México, irrumpen con violencia en Palacio de Gobierno tras asesinato de séptimo edil”, Infobae.
– “Marcha por asesinato de Carlos Manzo culmina con daños a Palacio de Gobierno en Morelia”, La Jornada.
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