Gobernadora reconoce investigaciones abiertas
Rocío Nahle reconoció que existen más alcaldes veracruzanos bajo investigación, aunque evitó revelar nombres y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General del Estado integrar los expedientes. La gobernadora rechazó que las solicitudes de desafuero contra presidentes municipales tengan un trasfondo político y defendió que los procedimientos derivan de investigaciones abiertas.
El tema cobró fuerza después de que la Fiscalía solicitó retirar la inmunidad procesal a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván. En el caso de Ixhuatlán, el presidente municipal Raúl González Martínez fue señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.
Pide que periodistas investiguen
Nahle evitó profundizar en nombres o líneas específicas y pidió a periodistas investigar. La frase generó críticas por el contexto de riesgo que enfrenta la prensa en Veracruz, especialmente después del asesinato de Roxana Guzmán y de otros comunicadores en el estado. Veracruz volvió a aparecer este año como uno de los territorios más letales para periodistas en México.
La postura de la gobernadora intenta separar al Ejecutivo estatal de las investigaciones penales, pero también deja una contradicción: reconoce que hay más casos bajo indagatoria, mientras se niega a informar nombres o criterios.
Desafuero y crimen organizado
El Congreso de Veracruz recibió solicitudes de desafuero contra autoridades municipales. En el expediente de Ixhuatlán, la Fiscalía sostiene que un testimonio vincula al alcalde con la orden de privar de la libertad a Roxana Guzmán, presuntamente por una fotografía que podía comprometerlo.
Movimiento Ciudadano ha defendido a sus alcaldes y ha acusado persecución política, mientras Nahle insiste en que se trata de procedimientos judiciales y no de una estrategia partidista.
Veracruz bajo presión
El caso exhibe una crisis doble: posibles vínculos entre autoridades municipales y crimen organizado, y violencia extrema contra periodistas que documentan abusos de poder. Si hay más alcaldes investigados, la Fiscalía deberá actuar con transparencia, pruebas y debido proceso.
Pero pedir a la prensa que investigue nombres que el gobierno evita revelar resulta especialmente delicado en un estado donde ejercer el periodismo puede costar la vida.
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